La Comunidad de Madrid ha puesto el foco en el proyecto de Real Decreto del Gobierno central que pretende regular los requisitos aplicables a los centros de datos y ha reclamado su retirada y una reformulación sustancial. El Ejecutivo autonómico considera que el nuevo marco, pese a presentarse bajo objetivos de eficiencia energética, sostenibilidad, descarbonización y soberanía digital, puede terminar convirtiéndose en un obstáculo para una de las infraestructuras sobre las que se asentará la próxima generación de la economía digital.
La oposición de Madrid parte de una premisa: la creciente presión sobre la capacidad de acceso y conexión a la red eléctrica no debería resolverse restringiendo la demanda de nuevos proyectos, sino ampliando y reforzando las infraestructuras eléctricas para poder absorberla. Para el Gobierno regional, España cuenta precisamente con una posición energética que debería utilizar como ventaja competitiva para atraer inversiones, gracias a su parque nuclear y al fuerte desarrollo de las energías renovables.
El proyecto estatal, sin embargo, vincula el acceso y la conexión a la red al cumplimiento de un amplio catálogo de obligaciones en ámbitos como la energía, el consumo de agua, las relaciones contractuales o la soberanía digital. El incumplimiento de estas condiciones podría acarrear fuertes recargos económicos e incluso la pérdida de los permisos de acceso, lo que, a juicio del Ejecutivo madrileño, introduce un nivel de incertidumbre incompatible con la magnitud de las inversiones que requiere este sector.
La preocupación no es menor en una comunidad que concentra buena parte del desarrollo de esta industria en España. Madrid cuenta actualmente con 56 proyectos de centros de datos, de los que 15 están ya en construcción y otros 41 se encuentran diseñados. En conjunto, representarían una inversión aproximada de 15.000 millones de euros y la creación de entre 17.000 y 24.000 empleos directos e indirectos.
El impacto económico podría ser todavía mayor. Según las estimaciones que maneja la Comunidad, la inversión comprometida podría alcanzar los 26.250 millones de euros en el PIB regional por el efecto directo de estos proyectos, sin contabilizar el impacto inducido sobre el conjunto del ecosistema vinculado a la industria del conocimiento y a las actividades digitales.
Y es precisamente ahí donde Madrid sitúa el debate. Los centros de datos, sostiene el Ejecutivo autonómico, han dejado de ser una infraestructura vinculada exclusivamente al almacenamiento y procesamiento de información. Son la base sobre la que se despliegan tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube y buena parte de los servicios digitales, además de una pieza cada vez más relevante para la actividad empresarial y la competitividad de las economías.
Por eso, la Comunidad considera que la singularidad de estas instalaciones puede justificar determinadas exigencias, pero no una regulación que termine desincentivando su implantación. El temor es que el nuevo régimen, al endurecer las condiciones para acceder a la red, termine trasladando las inversiones hacia otros mercados europeos en un momento en el que España aspira precisamente a convertirse en uno de los grandes polos continentales de digitalización.
A esta cuestión económica se suma otra de carácter jurídico. Madrid denuncia que el proyecto introduce nuevas exigencias sobre iniciativas que ya están en marcha, incluidas solicitudes todavía en tramitación y proyectos que cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos. Son inversiones, subraya el Ejecutivo regional, que fueron planificadas bajo unas determinadas condiciones regulatorias y que ahora quedarían sometidas a requisitos nuevos.
La Comunidad interpreta esta aplicación sobre proyectos ya iniciados como una fuente adicional de inseguridad jurídica que puede comprometer inversiones que ya han sido planificadas y, en algunos casos, ejecutadas parcialmente.
Pero la crítica de Madrid va todavía más allá y alcanza al propio instrumento elegido por el Gobierno central. El Ejecutivo autonómico sostiene que una regulación de este alcance, por sus efectos sobre la libertad de empresa y por el carácter que atribuye a algunas de sus restricciones y sanciones, debería tramitarse mediante una norma con rango de ley, y no a través de un real decreto.
En su argumentación, la Comunidad acusa al Gobierno de haber optado por esta vía para evitar la tramitación parlamentaria de una regulación que, por su alcance, debería pasar por el Congreso. Madrid considera que el proyecto tiene efectos "cuasi prohibitivos", sancionadores y retroactivos y que, por ello, excedería el ámbito propio de una norma reglamentaria.
El fondo del enfrentamiento es, en definitiva, qué modelo quiere España para una infraestructura que será determinante en la economía digital de los próximos años. La Comunidad de Madrid defiende que la respuesta a la presión sobre la red debe pasar por aumentar la capacidad eléctrica disponible y no por cerrar la puerta a nuevos consumidores industriales. Y reclama un marco que combine eficiencia energética y sostenibilidad con seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y capacidad para atraer capital.
La apuesta de Madrid pasa por aprovechar su posición energética para convertirse en uno de los grandes polos europeos de digitalización. Su advertencia al Gobierno central es que, si la regulación termina convirtiendo el acceso a la electricidad en una barrera para los centros de datos, España puede acabar poniendo límites precisamente a una de las actividades económicas que pretende impulsar.