María Teresa Fernández de la Vega indicó este viernes que fue "la policía de fronteras" la que autorizó el pasado 14 de noviembre la entrada de la activista saharaui Aminetu Haidar –pese a que advirtió al comandante del avión que viajaba contra su voluntad– y se hizo porque ésta "tiene un permiso de residencia legal" en España.
Así se pronunció De la Vega, sin dar más detalles, al ser preguntada al término del Consejo de Ministros sobre quién autorizó la entrada de Haidar en España después de que las autoridades marroquíes la expulsaran desde El Aaiún. Según la vicepresidenta, el Gobierno actuó conforme a la ley y "por motivos humanitarios".
En todo caso, insistió en que Haidar "tiene permiso de residencia legal en España por razones humanitarias" y por tanto "era residente legal en España cuando viajó a Marruecos con pasaporte marroquí" en noviembre.
Por ello, agregó, tras denegársele la entrada "la compañía aérea le admitió en el viaje de vuelta en aplicación del artículo 66 de la Ley de Extranjería que prevé el transporte al punto de origen de los rechazados en frontera". Así las cosas, Haidar, insistió, "entró en España como residente legal".
De la Vega aseguró que el Gobierno sigue trabajando con el objetivo de que la activista saharaui pueda regresar a El Aaiún "con su familia" y no va a "renunciar" a lograr este objetivo para lo cual, dijo, la mejor herramienta es el "diálogo". Asimismo, el Ejecutivo trabaja para que Haidar "preserve su salud" al tiempo que "insistimos en tratar de hacerla llevar a que abandone la decisión que ha adoptado, que es legítima pero que creemos que no es buena". "Creemos que puede defender su causa y la puede defender con libertad en este país y en ese sentido le ofrecemos todo tipo de posibilidades", afirmó, confiando en que no se tenga que llegar a "una situación límite"
En este sentido, dijo que el Gobierno no descarta "adoptar todas las medidas que la ley nos ofrece" para evitar que la activista fallezca como consecuencia de la huelga de hambre que mantiene desde el pasado 16 de noviembre en el aeropuerto de Lanzarote. En cuanto a la polémica por la petición de distintos colectivos de que intervenga el Rey Don Juan Carlos, De la Vega defendió que la actuación del Gobierno "forma parte de la normalidad institucional" y aseguró que el monarca, cuya figura "es reconocida y valorada por todos", está "permanentemente informado y sigue con todo detalle los acontecimientos".
Por último, De la Vega incidió en que "en la base de este asunto hay un conflicto estancado desde hace años" y reiteró la posición "clara y nítida" del Gobierno a favor del "derecho a la libre determinación del pueblo saharaui". "Siempre hemos trabajado para facilitar el acuerdo entre las partes", afirmó, recordando además que "el 80% de la ayuda anual" en materia de cooperación que reciben los campamentos saharauis en Tinduf procede de España.