LD (EFE) El jurado del llamado Tribunal Popular Internacional, que reúne a organizaciones defensoras de derechos humanos, se reunió en Manila para analizar la situación en la Filipinas gobernada por Gloria Macapagal Arroyo. La abogada canadiense Barbara Waldern afirmó que la mandataria "debería tener prohibido el desempeño de cualquier cargo público de manera perpetua".
Según un comunicado de prensa difundido, Waldern añadió que "la situación de los derechos humanos en Filipinas ha alcanzado un estado alarmante que merece la atención internacional". El Tribunal Popular Internacional consideró "culpable" a Macapagal Arroyo de los cargos de asesinatos extrajudiciales, homicidios, masacres, torturas, desapariciones, evacuaciones y desplazamientos forzosos y arrestos ilegales.
Durante el juicio popular se aportaron 4.207 casos de violaciones de los derechos humanos cometidos entre enero de 2001 y junio de 2005, de los que destacan 400 asesinatos extrajudiciales y 110 desapariciones. El diputado filipino Satur Ocampo, del partido Bayan Muna (pueblo primero), manifestó n rueda de prensa en Manila que la presidenta filipina "pertenece ahora al panteón infame de los violadores de los derechos humanos".