LD (EFE) En una intervención televisada, la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, declaró que "por el poder concedido por la Constitución de Filipinas y en mi cargo de comandante en jefe del Estado, ordeno a las Fuerzas Armadas que mantengan el orden público, prevengan o supriman todas las formas de violencia y demás de actos de rebelión".
La medida, explicó, ha sido tomada porque "en los meses pasados elementos de la oposición política han conspirado con elementos autoritarios de la extrema izquierda y de la extrema derecha (...) para derribar el Gobierno legalmente elegido en mayo de 2004".
El "estado de emergencia" otorga a los cuerpos de seguridad de Filipinas poderes especiales para practicar arrestos sin necesidad de una orden judicial y para prohibir reuniones públicas. La posibilidad de aplicar la medida ya había sido anticipada poco antes por el responsable de Personal de la Presidencia de Filipinas, Michael Defensor, quien certificó la "existencia de un peligro real" (de golpe de Estado).
Antes de que se tomara esta decisión, el Gobierno suspendió las clases en Metro Manila y prohibió todas las manifestaciones previstas para con motivo del vigésimo aniversario de la caída del dictador Ferdinand Marcos, y que los grupos de la oposición iban a aprovechar para exigir la dimisión de la presidenta. Además, la Policía ha anulado temporalmente los permisos de armas concedidos a los civiles, por lo que estos no podrán sacarlas de sus domicilios.
El desencadenante de la medida excepcional fue la detención de dos altos mandos militares y otro de la policía quienes, según el jefe del Ejército, Hermogenes Esperon, planeaban desarrollar hoy una intentona golpista. Los arrestados, que se encuentran bajo custodia militar, son el general de brigada Danilo Lim, el coronel Ariel Querubin y el director de la Fuerza de Acción Especial de la Policía, Marcelino Franco.