L D (Europa Press) La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este viernes una ley que garantiza al presidente George W. Bush la legalidad del espionaje electrónico a sospechosos de terrorismo, pero con algunas restricciones. El programa de espionaje electrónico ha sido defendido por Bush como "vital" en la lucha contra el terrorismo. La ley fue aprobada por 232 votos a favor y 191 en contra, y es un nuevo triunfo para el gobernante republicano a pocas semanas de las elecciones legislativas del 7 de noviembre próximo.
El proyecto de ley, presentado por el representante republicano Heather Wilson, de Nuevo México, da luz verde al presidente Bush para grabar llamadas telefónicas y verificar correos electrónicos entre estadounidenses y ciudadanos de otros países. El gobierno de EEUU había reiterado que su criticado espionaje electrónico a los estadounidenses y en el exterior se justifica por la lucha contra el terrorismo, en la que "está por delante la seguridad nacional".
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha compartido con otros organismos de Washington datos obtenidos mediante su espionaje electrónico en el exterior del país, lo que ha desatado un debate sobre si ello viola los derechos civiles de los estadounidenses y de las leyes internacionales. El mandatario autorizó a la NSA a llevar a cabo esas escuchas sin pedirle permiso al tribunal secreto especial, creado en 1978 para controlar las actividades de espionaje Ejecutivo sobre ciudadanos estadounidenses. Bush ha admitido que ordenó esas actividades y ha reiterado que las continuará.
La ley aprobada por la Cámara Baja recoge que el gobernante puede autorizar el espionaje electrónico siempre que notifique esa actividad a los comités de Inteligencia de esta Cámara y del Senado y a los líderes del Congreso. También podrá efectuar esa acción cuando tenga la certeza de la inminencia de un ataque terrorista y posteriormente deberá explicar al Congreso los motivos y los nombres de los individuos y grupos involucrados en la trama que se descubra. Tras la luz verde de la Cámara de Representantes, la ley deberá tener la aprobación del Senado antes del receso electoral que empezará el fin de semana.
El proyecto de ley, presentado por el representante republicano Heather Wilson, de Nuevo México, da luz verde al presidente Bush para grabar llamadas telefónicas y verificar correos electrónicos entre estadounidenses y ciudadanos de otros países. El gobierno de EEUU había reiterado que su criticado espionaje electrónico a los estadounidenses y en el exterior se justifica por la lucha contra el terrorismo, en la que "está por delante la seguridad nacional".
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha compartido con otros organismos de Washington datos obtenidos mediante su espionaje electrónico en el exterior del país, lo que ha desatado un debate sobre si ello viola los derechos civiles de los estadounidenses y de las leyes internacionales. El mandatario autorizó a la NSA a llevar a cabo esas escuchas sin pedirle permiso al tribunal secreto especial, creado en 1978 para controlar las actividades de espionaje Ejecutivo sobre ciudadanos estadounidenses. Bush ha admitido que ordenó esas actividades y ha reiterado que las continuará.
La ley aprobada por la Cámara Baja recoge que el gobernante puede autorizar el espionaje electrónico siempre que notifique esa actividad a los comités de Inteligencia de esta Cámara y del Senado y a los líderes del Congreso. También podrá efectuar esa acción cuando tenga la certeza de la inminencia de un ataque terrorista y posteriormente deberá explicar al Congreso los motivos y los nombres de los individuos y grupos involucrados en la trama que se descubra. Tras la luz verde de la Cámara de Representantes, la ley deberá tener la aprobación del Senado antes del receso electoral que empezará el fin de semana.
Si bien la ley daría a los acusados más derechos legales de los que gozaban en el anterior sistema, no incluye derechos concedidos en los tribunales civiles y militares. La medida también aprueba una amplia definición de crímenes de guerra como torturas, violaciones y experimentos biológicos, pero le da al presidente un amplio poder para decidir qué otras técnicas de interrogatorio pueden ser empleadas de manera legal.