LD (Agencias)
Fiscales venezolanos han pedido que se rechace la solitiud para dejar en libertad a Carlos Fernández, uno de los líderes del paro general que paralizó el país en diciembre y enero pasados, está bajo arresto domiciliario desde el 23 de febrero, por orden de un tribunal y a instancias de la Fiscalía, acusado de "instigación a delinquir y rebelión civil". Al pedir la libertad de Fernández, los abogados del dirigente empresarial arguyeron que "se violó el debido proceso al no permitírsele ser oído y ejercer su derecho a la defensa".
La fiscal Luisa Ortega negó tal planteamiento y aseguró que el presidente de la patronal se mostró "renuente" las dos veces que fue llamado a comparecer ante los fiscales para defenderse y demostrar su inocencia. "Su voluntad de no acudir al llamado del Ministerio Público y obstaculizar la investigación, no puede ser imputada a actuaciones materiales de la vindicta pública (satisfacción de los delitos) y mucho menos ser fundamento para denunciar violación del debido proceso o del derecho a la defensa", señaló Ortega.
La fiscal añadió que, en la audiencia de presentación ante un juez natural, el 23 de febrero, Fernández "estuvo asistido por sus abogados, tuvo acceso a las actas, fue oído, y notificado por la juez 49 de Control, Gisela Hernández, y el fiscal del caso, de los delitos que se le estaban imputando". Ortega recordó que los cargos contra Fernández se basan en que, desde el 2 de diciembre, "incitó al pueblo venezolano a tomar calles y avenidas; excitó a la desobediencia civil y tributaria; y se alzó públicamente en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido".
La fiscal Luisa Ortega negó tal planteamiento y aseguró que el presidente de la patronal se mostró "renuente" las dos veces que fue llamado a comparecer ante los fiscales para defenderse y demostrar su inocencia. "Su voluntad de no acudir al llamado del Ministerio Público y obstaculizar la investigación, no puede ser imputada a actuaciones materiales de la vindicta pública (satisfacción de los delitos) y mucho menos ser fundamento para denunciar violación del debido proceso o del derecho a la defensa", señaló Ortega.
La fiscal añadió que, en la audiencia de presentación ante un juez natural, el 23 de febrero, Fernández "estuvo asistido por sus abogados, tuvo acceso a las actas, fue oído, y notificado por la juez 49 de Control, Gisela Hernández, y el fiscal del caso, de los delitos que se le estaban imputando". Ortega recordó que los cargos contra Fernández se basan en que, desde el 2 de diciembre, "incitó al pueblo venezolano a tomar calles y avenidas; excitó a la desobediencia civil y tributaria; y se alzó públicamente en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido".