L D (EFE)
Así lo aseguró a los periodistas Antonio Ledezma, presidente del partido Alianza Bravo Pueblo y uno de los líderes de la coalición opositora Coordinadora Democrática (CD).
Esa comisión será creada en los próximos días por el autónomo Consejo Nacional Electoral (CNE) con funcionarios propios, con observadores internacionales y con representantes del Gobierno y de la oposición, y establecerá cuántas de las 3,6 millones de firmas recientemente recabadas por la oposición son válidas. La CD requiere de al menos 2,4 millones de firmas válidas para lograr que el CNE convoque ese referéndum, lo que Chávez asegura que no logró "ni siquiera con el megafraude" que, denuncia, fue forjado en la recogida de firmas opositoras efectuada hace dos semanas.
Manuel Cova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que también integra la CD, descartó la denuncia de Chávez y más bien le atribuyó "un plan siniestro" para tratar que la comisión electoral verificadora invalide 1,5 millones de esas firmas e impida así el referéndum. "El gobierno de Hugo Chávez ha diseñado un plan siniestro que pretende convencer (...) sobre la existencia de un presunto megafraude. En ese plan están involucrados no sólo altos personeros del Gobierno, sino también otros actores insertados en puestos clave de algunas instituciones públicas", aseguró Cova.
"No quiero dudar de los rectores del CNE, pero es indudable que en los últimos días ha producido decisiones que nos preocupan, como por ejemplo el haber designado una comisión de abogados en la que tiene mayoría el oficialismo", dijo Cova. "Otra decisión que nos ha causado preocupación es el hecho de que todavía a estas alturas no se han definido las normas de verificación" de firmas, añadió. "No podemos ir a un partido sin conocer las reglas. Entregar las firmas sin que hayan sido aprobadas las normas de verificación es entregar la esperanza de 3,6 millones de venezolanos en manos del Gobierno y de Chávez", dijo el líder opositor.
Esa comisión será creada en los próximos días por el autónomo Consejo Nacional Electoral (CNE) con funcionarios propios, con observadores internacionales y con representantes del Gobierno y de la oposición, y establecerá cuántas de las 3,6 millones de firmas recientemente recabadas por la oposición son válidas. La CD requiere de al menos 2,4 millones de firmas válidas para lograr que el CNE convoque ese referéndum, lo que Chávez asegura que no logró "ni siquiera con el megafraude" que, denuncia, fue forjado en la recogida de firmas opositoras efectuada hace dos semanas.
Manuel Cova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que también integra la CD, descartó la denuncia de Chávez y más bien le atribuyó "un plan siniestro" para tratar que la comisión electoral verificadora invalide 1,5 millones de esas firmas e impida así el referéndum. "El gobierno de Hugo Chávez ha diseñado un plan siniestro que pretende convencer (...) sobre la existencia de un presunto megafraude. En ese plan están involucrados no sólo altos personeros del Gobierno, sino también otros actores insertados en puestos clave de algunas instituciones públicas", aseguró Cova.
"No quiero dudar de los rectores del CNE, pero es indudable que en los últimos días ha producido decisiones que nos preocupan, como por ejemplo el haber designado una comisión de abogados en la que tiene mayoría el oficialismo", dijo Cova. "Otra decisión que nos ha causado preocupación es el hecho de que todavía a estas alturas no se han definido las normas de verificación" de firmas, añadió. "No podemos ir a un partido sin conocer las reglas. Entregar las firmas sin que hayan sido aprobadas las normas de verificación es entregar la esperanza de 3,6 millones de venezolanos en manos del Gobierno y de Chávez", dijo el líder opositor.