L D (EFE)
Enrique Mendoza, coordinador general de la alianza opositora Coordinadora Democrática, pidió este viernes “perdón por lo que se hizo”, al hablar del reciente y frustrado paro general de 63 días. Entre el 2 de diciembre y 3 de febrero, la alianza de las directivas sindical y patronal, partidos y asociaciones civiles de oposición promovió el paro para forzar al presidente venezolano a renunciar. Casi a diario, durante diciembre y parte de enero la Coordinadora movilizó a decenas de miles de personas en Caracas bajo la consigna de “¡Chávez, vete ya!”.
La reciente huelga fue el cuarta en un año contra Chávez, derrocado el 11 de abril del 2002 durante 48 horas por un golpe de Estado ocurrido en medio de un “paro general indefinido” promovido por las cúpulas sindical y patronal. Mendoza, gobernador del estado de Miranda, admitió que “muchos dirigentes de la Coordinadora se han tratado de lavar las manos después del paro” de 63 días, que generó al país más de 7.000 millones de dólares en pérdidas, según datos oficiales.
Manifestó que “entiende la confusión” que reina entre el “pueblo” contrario al Gobierno tras el fracaso de la huelga, pero rechazó que ello justifique “ataques” entre los propios sectores opositores. La Coordinadora suspendió por falta de público, el pasado día 11, dos actos de masas en Caracas para conmemorar el primer aniversario de la muerte de 19 manifestantes, opositores y oficialistas, en los disturbios que precipitaron el golpe de Estado del año pasado.
Desde la culminación del paro, el 3 de febrero pasados, las filas opositoras luchan por recuperar el consenso y métodos de acción que les permita seguir unidos en el enfrentamiento político contra un Chávez que proclama “el triunfo” sobre los “golpistas y saboteadores que intentaron hundir a Venezuela”. La alianza fue reestructurada a mediados del marzo pasado, cuando su dirección pasó a los partidos y asociaciones civiles.
Desde su creación en junio pasado, la Coordinadora estuvo dominada por los líderes de la central obrera, Carlos Ortega, y de la patronal, Carlos Fernández. Ortega está prófugo de la justicia y exiliado en Costa Rica desde el pasado 27 de marzo, mientras que Fernández viajó a Miami después de un tribunal revocara el 20 de marzo el arresto domiciliario que cumplía desde el 23 de febrero pasado. Ortega, Fernández y seis ex directivos petroleros fueron imputados por la Fiscalía General venezolana de varios delitos que supuestamente cometieron por haber promovido el paro de 63 días.
La “unidad” proclamada por la nueva directiva de la alianza fue sacudida la semana pasada, cuando el Bloque Democrático, calificado como un grupo opositor “radical”, se separó de la Coordinadora. El Bloque Democrático argumentó que la alianza “cedió” ante el Gobierno porque aceptó un preacuerdo sobre la posible celebración de un referendo revocatorio como salida electoral a la crisis nacional.
Mendoza reiteró este viernes que la oposición debe unirse y trabajar por el referendo revocatorio, y anunció que la próxima semana la Coordinadora iniciará una campaña para “ir calentando las calles” de cara a esa consulta popular vinculante. El referendo revocatorio es un mecanismo constitucional que permite acabar anticipadamente con el mandato Ejecutivo a partir de la mitad del período, que en el caso de Chávez se cumplirá el próximo 19 de agosto. Gobierno y oposición alcanzaron un preacuerdo sobre los “procedimientos” para activar dicho referendo en la “mesa de negociación y acuerdos”, que coordina el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria. En esa mesa de negociación, las partes intentan desde el 8 de noviembre pasado acordar una salida “electoral, constitucional, pacífica y democrática” a la crisis.
La reciente huelga fue el cuarta en un año contra Chávez, derrocado el 11 de abril del 2002 durante 48 horas por un golpe de Estado ocurrido en medio de un “paro general indefinido” promovido por las cúpulas sindical y patronal. Mendoza, gobernador del estado de Miranda, admitió que “muchos dirigentes de la Coordinadora se han tratado de lavar las manos después del paro” de 63 días, que generó al país más de 7.000 millones de dólares en pérdidas, según datos oficiales.
Manifestó que “entiende la confusión” que reina entre el “pueblo” contrario al Gobierno tras el fracaso de la huelga, pero rechazó que ello justifique “ataques” entre los propios sectores opositores. La Coordinadora suspendió por falta de público, el pasado día 11, dos actos de masas en Caracas para conmemorar el primer aniversario de la muerte de 19 manifestantes, opositores y oficialistas, en los disturbios que precipitaron el golpe de Estado del año pasado.
Desde la culminación del paro, el 3 de febrero pasados, las filas opositoras luchan por recuperar el consenso y métodos de acción que les permita seguir unidos en el enfrentamiento político contra un Chávez que proclama “el triunfo” sobre los “golpistas y saboteadores que intentaron hundir a Venezuela”. La alianza fue reestructurada a mediados del marzo pasado, cuando su dirección pasó a los partidos y asociaciones civiles.
Desde su creación en junio pasado, la Coordinadora estuvo dominada por los líderes de la central obrera, Carlos Ortega, y de la patronal, Carlos Fernández. Ortega está prófugo de la justicia y exiliado en Costa Rica desde el pasado 27 de marzo, mientras que Fernández viajó a Miami después de un tribunal revocara el 20 de marzo el arresto domiciliario que cumplía desde el 23 de febrero pasado. Ortega, Fernández y seis ex directivos petroleros fueron imputados por la Fiscalía General venezolana de varios delitos que supuestamente cometieron por haber promovido el paro de 63 días.
La “unidad” proclamada por la nueva directiva de la alianza fue sacudida la semana pasada, cuando el Bloque Democrático, calificado como un grupo opositor “radical”, se separó de la Coordinadora. El Bloque Democrático argumentó que la alianza “cedió” ante el Gobierno porque aceptó un preacuerdo sobre la posible celebración de un referendo revocatorio como salida electoral a la crisis nacional.
Mendoza reiteró este viernes que la oposición debe unirse y trabajar por el referendo revocatorio, y anunció que la próxima semana la Coordinadora iniciará una campaña para “ir calentando las calles” de cara a esa consulta popular vinculante. El referendo revocatorio es un mecanismo constitucional que permite acabar anticipadamente con el mandato Ejecutivo a partir de la mitad del período, que en el caso de Chávez se cumplirá el próximo 19 de agosto. Gobierno y oposición alcanzaron un preacuerdo sobre los “procedimientos” para activar dicho referendo en la “mesa de negociación y acuerdos”, que coordina el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria. En esa mesa de negociación, las partes intentan desde el 8 de noviembre pasado acordar una salida “electoral, constitucional, pacífica y democrática” a la crisis.