L D (EFE)
Juan Fernández, líder del paro que afectó en diciembre y enero a la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se presentó en una concentración opositora, que se celebró este sábado en una autopista del este de Caracas, “por la Justicia” y en repudio a Chávez. Fernández, prófugo de la justicia desde el pasado 26 de febrero, se dirigió a la multitud, y aseguró que “aquí estamos, no nos vamos, nos quedamos, que lo sepa Chávez y que anote”. La Policía se presentó en el lugar para detener a Fernández, pero los manifestantes dificultaron la labor y éste logró escapar.
El Tribunal 50 de Control de Caracas ordenó el pasado 26 de febrero el arresto de Fernández, y de otros cinco ex gerentes de PDVSA, por delitos supuestamente ligados a su participación y promoción de la huelga general opositora de 63 días. Con el paro general, la oposición intentó presionar a Chávez a renunciar, o aceptar elecciones adelantadas, —una posibilidad no prevista en la Constitución—, para acabar con su Gobierno “corrupto, autoritario e ineficaz”. La Fiscalía General venezolana imputó a los ex gerentes los delitos de “rebelión civil”, que tienen penas de cárcel de 12 a 24 años, y “daños a la industria petrolera e interrupción del suministro de energía y gas”, con penas de hasta 18 años de cárcel.
El paro en PDVSA produjo una severa escasez de combustible en el país y la suspensión temporal de las exportaciones petroleras, lo que causó pérdidas por 4.000 millones de dólares o 4.214 millones de euros a la empresa estatal, según datos oficiales. La Fiscalía también abrió procesos contra los líderes de las directivas sindical, Carlos Ortega; y patronal, Carlos Fernández, quien, junto a Juan Fernández, fueron los principales promotores de la huelga general. Carlos Fernández está arrestado en su domicilio desde el pasado 23 de febrero, a la espera de un juicio por los delitos de “rebelión civil e instigación a delinquir”, mientras que Ortega está prófugo.
El Tribunal 50 de Control de Caracas ordenó el pasado 26 de febrero el arresto de Fernández, y de otros cinco ex gerentes de PDVSA, por delitos supuestamente ligados a su participación y promoción de la huelga general opositora de 63 días. Con el paro general, la oposición intentó presionar a Chávez a renunciar, o aceptar elecciones adelantadas, —una posibilidad no prevista en la Constitución—, para acabar con su Gobierno “corrupto, autoritario e ineficaz”. La Fiscalía General venezolana imputó a los ex gerentes los delitos de “rebelión civil”, que tienen penas de cárcel de 12 a 24 años, y “daños a la industria petrolera e interrupción del suministro de energía y gas”, con penas de hasta 18 años de cárcel.
El paro en PDVSA produjo una severa escasez de combustible en el país y la suspensión temporal de las exportaciones petroleras, lo que causó pérdidas por 4.000 millones de dólares o 4.214 millones de euros a la empresa estatal, según datos oficiales. La Fiscalía también abrió procesos contra los líderes de las directivas sindical, Carlos Ortega; y patronal, Carlos Fernández, quien, junto a Juan Fernández, fueron los principales promotores de la huelga general. Carlos Fernández está arrestado en su domicilio desde el pasado 23 de febrero, a la espera de un juicio por los delitos de “rebelión civil e instigación a delinquir”, mientras que Ortega está prófugo.