L D (EFE)
A las doce del mediodía de este domingo, los marroquíes han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas en unas calles engalanadas y con incontables banderas marroquíes al haber sido declarado el 16 de mayo "Jornada de la bandera nacional para el recuerdo y por la vida".
La Asociación de las víctimas de los atentados del 16 de mayo organizaba un "cuscús popular" en el barrio de chabolas de Si Mumen, del que procedían la mayoría de los terroristas suicidas. Una manifestación silenciosa ha recorrido los lugares en los que se produjeron los atentados y se han depositado coronas de flores ante el monumento en el que figuran los nombres de las víctimas, inaugurado el pasado 24 de abril por el rey Mohamed VI y por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Los atentados cometidos en la ciudad más poblada de Marruecos, con cerca de 3,5 millones de habitantes, conmocionaron al país y cambiaron los objetivos prioritarios del Estado, que se centran desde entonces en garantizar la seguridad sin reparar en los medios ni muchas veces en las formas. La detención de dos terroristas que no llegaron a hacerse explotar aceleró la investigación sobre los autores de la masacre, todos ellos marroquíes de extracto humilde y residentes en barrios de chabolas de la periferia de Casablanca. Sólo doce días después de los atentados, el Gobierno aprobó por trámite de urgencia una nueva ley antiterrorista que endurece las penas, refuerza las prerrogativas de la policía judicial y reduce los derechos de los inculpados.
En el año que ha transcurrido desde los atentados, más de dos mil personas han sido detenidas en Marruecos durante la lucha contra los grupos extremistas islámicos. Alrededor de 1.200 detenidos han sido presentados ante la Justicia y los tribunales marroquíes han dictado 700 sentencias, entre ellas 17 condenas a muerte y varias decenas a cadena perpetua. El ministro marroquí de Justicia, Mohamed Buzuba, ha informado de que la Justicia marroquí ha emitido 30 órdenes de captura internacional contra otras tantas personas supuestamente implicadas en los atentados de Casablanca. Buzuba aseguró que alrededor del 90 por ciento de las personas buscadas por la Justicia marroquí por su eventual implicación en los atentados de Casablanca han sido ya detenidas.
Los objetivos de los atentados del 16 de mayo de 2003 fueron la Casa de España, el hotel Farah, el restaurante italiano Positano, la Alianza Israelí y un antiguo cementerio judío. El atentado más cruento fue el que se produjo en la Casa de España, un centro recreativo situado en el corazón de la ciudad, que ha reabierto sus puertas coincidiendo con el primer aniversario de la masacre. Entre las víctimas mortales de ese atentado había cuatro españoles: los empresarios Joan Alié, Manuel Albiach y Francico Abad y el camionero Domingo Mateos.
El presidente del centro español, Rafael Bermúdez, ha explicado que la decisión de reabrir las instalaciones y el restaurante de la Casa de España obedece en primer lugar al intento de que este "aniversario tan señalado no pase inadvertido".
La Asociación de las víctimas de los atentados del 16 de mayo organizaba un "cuscús popular" en el barrio de chabolas de Si Mumen, del que procedían la mayoría de los terroristas suicidas. Una manifestación silenciosa ha recorrido los lugares en los que se produjeron los atentados y se han depositado coronas de flores ante el monumento en el que figuran los nombres de las víctimas, inaugurado el pasado 24 de abril por el rey Mohamed VI y por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Los atentados cometidos en la ciudad más poblada de Marruecos, con cerca de 3,5 millones de habitantes, conmocionaron al país y cambiaron los objetivos prioritarios del Estado, que se centran desde entonces en garantizar la seguridad sin reparar en los medios ni muchas veces en las formas. La detención de dos terroristas que no llegaron a hacerse explotar aceleró la investigación sobre los autores de la masacre, todos ellos marroquíes de extracto humilde y residentes en barrios de chabolas de la periferia de Casablanca. Sólo doce días después de los atentados, el Gobierno aprobó por trámite de urgencia una nueva ley antiterrorista que endurece las penas, refuerza las prerrogativas de la policía judicial y reduce los derechos de los inculpados.
En el año que ha transcurrido desde los atentados, más de dos mil personas han sido detenidas en Marruecos durante la lucha contra los grupos extremistas islámicos. Alrededor de 1.200 detenidos han sido presentados ante la Justicia y los tribunales marroquíes han dictado 700 sentencias, entre ellas 17 condenas a muerte y varias decenas a cadena perpetua. El ministro marroquí de Justicia, Mohamed Buzuba, ha informado de que la Justicia marroquí ha emitido 30 órdenes de captura internacional contra otras tantas personas supuestamente implicadas en los atentados de Casablanca. Buzuba aseguró que alrededor del 90 por ciento de las personas buscadas por la Justicia marroquí por su eventual implicación en los atentados de Casablanca han sido ya detenidas.
Los objetivos de los atentados del 16 de mayo de 2003 fueron la Casa de España, el hotel Farah, el restaurante italiano Positano, la Alianza Israelí y un antiguo cementerio judío. El atentado más cruento fue el que se produjo en la Casa de España, un centro recreativo situado en el corazón de la ciudad, que ha reabierto sus puertas coincidiendo con el primer aniversario de la masacre. Entre las víctimas mortales de ese atentado había cuatro españoles: los empresarios Joan Alié, Manuel Albiach y Francico Abad y el camionero Domingo Mateos.
El presidente del centro español, Rafael Bermúdez, ha explicado que la decisión de reabrir las instalaciones y el restaurante de la Casa de España obedece en primer lugar al intento de que este "aniversario tan señalado no pase inadvertido".