L D (EFE)
El nombramiento de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) es vital para concreción, en el corto o mediano plazo, de eventuales procesos electorales que se espera zanjen pacíficamente el conflicto político y social que vive el país. Los cuatro integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional (AN), de 165 miembros, señalaron este martes en un comunicado público que el Poder Judicial podría incurrir en una "invasión" de competencias si designa a la nueva directiva del CNE.
Esa posibilidad la abrió este lunes la Sala Constitucional al declarar, en base a dos artículos de la Constitución, que la AN incurrió en una "omisión constitucional" por el retraso en la designación de los nuevos rectores electorales. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio un plazo de diez días a la AN para que nombre al nuevo CNE, y sentenció que en caso de que no lo haga, la Sala Constitucional deberá designar a las nuevas autoridades electorales antes del próximo día 25.
Para la directiva de la AN, que preside el oficialista Francisco Ameliach, existen elementos "políticos y jurídicos" que demuestran que "el Legislativo no ha incurrido en ninguno de los supuestos que pudieran configurar una omisión constitucional". La AN "ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos para superar la situación relativa a los plazos legales" establecidos para nombrar al nuevo CNE, "pero no comparte que tal situación, interpretada circunstancialmente para defender formalismos jurídicos, constituya omisión legislativa", agregó el comunicado.
Sostuvieron, además, que el fallo judicial entabló un "conflicto de poderes", porque la designación del CNE es una competencia exclusiva de la AN por mandato constitucional. Advirtieron que "ante una hipotética decisión del TSJ que pudiera afectar el ámbito de competencias de la AN" deberá ser el pleno parlamentario "quién califique las circunstancias y eventualmente declare si ha habido una intromisión del Poder Judicial en las atribuciones exclusivas del Legislativo". Esa posición de los directivos del Parlamento fue rechazada por los diputados de oposición, que han descartado un acuerdo parlamentario de última hora que permita el nombramiento del CNE.
El proceso legislativo se trabó en marzo pasado, cuando tras alcanzar un "amplio consenso" sobre 14 directivos electorales, los diputados oficialistas y opositores no pudieron acordar el nombre del polémico quinto miembro principal del CNE. Ambos bandos se achacan mutuamente la presunta intención de imponer nombres para así lograr controlar el Poder Electoral, aunque la oposición ha admitido que las diferencias en su seno respecto al asunto ha impedido el logro de acuerdos con los oficialistas.
En medio de las críticas de la directiva parlamentaria al fallo judicial, el TSJ anunció que este miércoles iniciará un "proceso de consultas" para escoger a los posibles nuevos directivos del CNE. El Supremo aclaró que no está obligado a escoger a los rectores electorales de entre los 86 postulados seleccionados a principios de año por una comisión especial integrada por diputados y representantes civiles.
Mientras, sectores opositores pidieron al TSJ que aclare varios aspectos confusos de la sentencia del lunes, que pueden provocar "impugnaciones y retraso en el proceso de referendo revocatorio" contra el presidente Hugo Chávez. Gobierno y oposición acordaron que sólo una nueva directiva electoral podrá encargarse de decidir la celebración de un eventual referendo a mitad del mandato de Chávez, a partir del próximo día 19, según la Constitución. Las partes acordaron en mayo, tras siete meses de negociaciones tuteladas por la OEA, que el referendo revocatorio es la salida electoral al conflicto que vive Venezuela.
Esa posibilidad la abrió este lunes la Sala Constitucional al declarar, en base a dos artículos de la Constitución, que la AN incurrió en una "omisión constitucional" por el retraso en la designación de los nuevos rectores electorales. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio un plazo de diez días a la AN para que nombre al nuevo CNE, y sentenció que en caso de que no lo haga, la Sala Constitucional deberá designar a las nuevas autoridades electorales antes del próximo día 25.
Para la directiva de la AN, que preside el oficialista Francisco Ameliach, existen elementos "políticos y jurídicos" que demuestran que "el Legislativo no ha incurrido en ninguno de los supuestos que pudieran configurar una omisión constitucional". La AN "ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos para superar la situación relativa a los plazos legales" establecidos para nombrar al nuevo CNE, "pero no comparte que tal situación, interpretada circunstancialmente para defender formalismos jurídicos, constituya omisión legislativa", agregó el comunicado.
Sostuvieron, además, que el fallo judicial entabló un "conflicto de poderes", porque la designación del CNE es una competencia exclusiva de la AN por mandato constitucional. Advirtieron que "ante una hipotética decisión del TSJ que pudiera afectar el ámbito de competencias de la AN" deberá ser el pleno parlamentario "quién califique las circunstancias y eventualmente declare si ha habido una intromisión del Poder Judicial en las atribuciones exclusivas del Legislativo". Esa posición de los directivos del Parlamento fue rechazada por los diputados de oposición, que han descartado un acuerdo parlamentario de última hora que permita el nombramiento del CNE.
El proceso legislativo se trabó en marzo pasado, cuando tras alcanzar un "amplio consenso" sobre 14 directivos electorales, los diputados oficialistas y opositores no pudieron acordar el nombre del polémico quinto miembro principal del CNE. Ambos bandos se achacan mutuamente la presunta intención de imponer nombres para así lograr controlar el Poder Electoral, aunque la oposición ha admitido que las diferencias en su seno respecto al asunto ha impedido el logro de acuerdos con los oficialistas.
En medio de las críticas de la directiva parlamentaria al fallo judicial, el TSJ anunció que este miércoles iniciará un "proceso de consultas" para escoger a los posibles nuevos directivos del CNE. El Supremo aclaró que no está obligado a escoger a los rectores electorales de entre los 86 postulados seleccionados a principios de año por una comisión especial integrada por diputados y representantes civiles.
Mientras, sectores opositores pidieron al TSJ que aclare varios aspectos confusos de la sentencia del lunes, que pueden provocar "impugnaciones y retraso en el proceso de referendo revocatorio" contra el presidente Hugo Chávez. Gobierno y oposición acordaron que sólo una nueva directiva electoral podrá encargarse de decidir la celebración de un eventual referendo a mitad del mandato de Chávez, a partir del próximo día 19, según la Constitución. Las partes acordaron en mayo, tras siete meses de negociaciones tuteladas por la OEA, que el referendo revocatorio es la salida electoral al conflicto que vive Venezuela.