L D (EFE)
El director de la Policía Política ha explicado que las detenciones se produjeron en una finca de un sector rural del municipio caraqueño de Baruta, sin que hubiera enfrentamientos. La finca pertenece a Robert Alonso, dirigente ultraderechista, de origen cubano, relacionado con grupos anticastristas de Miami. A Alonso también se le vincula con sectores venezolanos opositores protagonistas de los violentos sucesos ocurridos en varias ciudades, entre finales de febrero e inicios de marzo pasados, en protesta por el retraso en la convocatoria de un eventual referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez.
Entonces, al menos nueve personas murieron y varias decenas resultaron heridas en los enfrentamientos entre activistas opositores y las fuerzas de seguridad venezolanas. Según fuentes de la Policía Política, el grupo subversivo también tiene relaciones con los llamados militares insurgentes de la plaza de Altamira de Caracas, que el pasado año convocaron a la insurrección civil y militar contra el Gobierno de Chávez. Concretamente, con el general Felipe Rodríguez, uno de los líderes de aquella insurrección militar, también acusado de los atentados contra el Consulado de Colombia, instalaciones diplomáticas de España y un edificio relacionado con la Organización de Estados Americanos, todos en la capital venezolana.
El ministro de Defensa, general José García Carneiro, declaró que el campamento desmantelado acogía a más de 100 paramilitares "que tenían previsto asaltos masivos a guarniciones" militares.
Entonces, al menos nueve personas murieron y varias decenas resultaron heridas en los enfrentamientos entre activistas opositores y las fuerzas de seguridad venezolanas. Según fuentes de la Policía Política, el grupo subversivo también tiene relaciones con los llamados militares insurgentes de la plaza de Altamira de Caracas, que el pasado año convocaron a la insurrección civil y militar contra el Gobierno de Chávez. Concretamente, con el general Felipe Rodríguez, uno de los líderes de aquella insurrección militar, también acusado de los atentados contra el Consulado de Colombia, instalaciones diplomáticas de España y un edificio relacionado con la Organización de Estados Americanos, todos en la capital venezolana.
El ministro de Defensa, general José García Carneiro, declaró que el campamento desmantelado acogía a más de 100 paramilitares "que tenían previsto asaltos masivos a guarniciones" militares.
