L D (EFE)
A través de una providencia, el magistrado instructor José Ramón Soriano señala que en España los delitos de terrorismo prescriben a los veinte años y por tanto se puede perseguir por estos hechos al parlamentario y terrorista. Además, considera que tampoco habrían prescrito en Francia porque quedó interrumpido el plazo al iniciarse la investigación del atentado respecto a otros etarras.
La razón de que se produzca esta aclaración es que Francia trasmitió, a través de Interpol, las dificultades que tiene para aplicar la orden internacional de busca y captura que decretó el magistrado el pasado 14 de noviembre porque alegaba que los delitos por los que se persigue a Ternera han prescrito en ese país, ya que la acción penal caduca a los diez años.
Además, el juez del Supremo, tras consultar al fiscal y a la acusación popular representada por la AVT, relata los indicios de la participación del ex dirigente de ETA en este atentado en el que fallecieron once personas, entre ellos, cinco niños. El juez del Supremo considera que "existen elementos indiciarios de la comisión delictiva, por ahora, que deben ser investigados, sin perjuicio del resultado final" y expone que se le imputa atentado terrorista con resultado de muerte, diez delitos de asesinato consumado y 73 delitos de asesinato frustrado.
Relata que en el sumario figura un informe de la Guardia Civil del que se deduce que el atentado mencionado se ejecutó siguiendo órdenes de la dirección de ETA, residente en el sur de Francia, y que "Josu Ternera" indiciariamente formó parte del Comité Ejecutivo desde 1980 hasta su detención en 1989, como responsable de los "aparatos internacional y político", junto a Francisco Múgica Garmendia y José María Arregui Erostarbe.
Además, estima que la intervención del diputado vasco en la toma de decisión del atentado puede desprenderse también de las declaraciones prestadas por Juan Manuel Soares Gamboa y Juan José Rego Vidal. El juez también indica que se puede inferir que la reivindicación del atentado se llevó a cabo por Ternera de las declaraciones policiales de María Elena Beloqui y Soares Gamboa.
La razón de que se produzca esta aclaración es que Francia trasmitió, a través de Interpol, las dificultades que tiene para aplicar la orden internacional de busca y captura que decretó el magistrado el pasado 14 de noviembre porque alegaba que los delitos por los que se persigue a Ternera han prescrito en ese país, ya que la acción penal caduca a los diez años.
Además, el juez del Supremo, tras consultar al fiscal y a la acusación popular representada por la AVT, relata los indicios de la participación del ex dirigente de ETA en este atentado en el que fallecieron once personas, entre ellos, cinco niños. El juez del Supremo considera que "existen elementos indiciarios de la comisión delictiva, por ahora, que deben ser investigados, sin perjuicio del resultado final" y expone que se le imputa atentado terrorista con resultado de muerte, diez delitos de asesinato consumado y 73 delitos de asesinato frustrado.
Relata que en el sumario figura un informe de la Guardia Civil del que se deduce que el atentado mencionado se ejecutó siguiendo órdenes de la dirección de ETA, residente en el sur de Francia, y que "Josu Ternera" indiciariamente formó parte del Comité Ejecutivo desde 1980 hasta su detención en 1989, como responsable de los "aparatos internacional y político", junto a Francisco Múgica Garmendia y José María Arregui Erostarbe.
Además, estima que la intervención del diputado vasco en la toma de decisión del atentado puede desprenderse también de las declaraciones prestadas por Juan Manuel Soares Gamboa y Juan José Rego Vidal. El juez también indica que se puede inferir que la reivindicación del atentado se llevó a cabo por Ternera de las declaraciones policiales de María Elena Beloqui y Soares Gamboa.