Ante la victoria histórica en las pasadas elecciones del PP en las principales alcaldías de Andalucía, PSOE e IU aprobaron el jueves una propuesta del grupo socialista que plantea una modificación de la ley para hacer incompatibles el cargo de diputado y el de alcalde o presidente de Diputación. La medida se efectúa directamente contra el Partido Popular de Andalucía, que entre los 47 diputados que tiene en el parlamento andaluz, hay alcaldes y presidentes de diputación. La propuesta no entrará en vigor hasta las próximas elecciones andaluzas.
Con la medida, tanto el PSOE como IU intentan arrinconar al PP, que tiene en la Cámara andaluza a alcaldes tan de peso como el de Sevilla, Cádiz, Jerez, Córdoba o Huelva, y, por otro lado IU, elimina a su diputado más díscolo, Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda que, además, se niega a llegar a acuerdos de legislatura con el PSOE. Es esto precisamente lo que ven algunos con esta propuesta, el primer paso para un pacto de legislatura entre PSOE e IU si el PP no tiene mayoría absoluta. Se trataría así de evitar lo que ha pasado en Extremadura donde la abstención de los diputados de IU ha dado el gobierno al Partido Popular ante el asombro de la dirección nacional.
Golpe de estado al municipalismo
Los alcaldes populares tienen un gran tirón entre el electorado andaluz y son la primera línea de política del PP en Andalucía, tal y como se ha visto tras el 23-M, cosechando un auténtico aluvión de votos gracias, unos a la gestión demostrada y otros -como el caso de Zoido en Sevilla- a la ilusión generada entre el electorado. Así, la medida ha sido inmediatamente criticada por Javier Arenas, quien no dudó en calificarla de "golpe de estado al municipalismo" dado desde el "autoritarismo" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán. También señaló Arenas que Griñán pretende "excluir a todos los alcaldes de Andalucía del Parlamento", algo que consideró "grave", por cuanto supone "cambiar las leyes electorales" a tan solo "unos meses" de los comicios. Además, el líder de los populares andaluces defendió la presencia de los regidores en la Cámara por cuanto son "la voz más cercana a los ciudadanos" y han formado parte de ella durante treinta años.
Además, el propio Partido Popular considera sospechoso que la medida solo afecte a alcaldes y presidentes de Diputación, y no a representantes de otras administraciones, como senadores, donde está adscrito actualmente el candidato a alcalde y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas.
El caso de IU
La medida, de aprobarse gracias a la mayoría absoluta del PSOE en la cámara andaluza, afectaría de lleno también al diputado más combativo de IU a llegar a cualquier acuerdo postelectoral con el PSOE y que ha visto bien los acuerdos que llevan al poder al PP, y que no es otro que el eterno alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que debería, con la medida, recluirse en el ayuntamiento y apagar su voz en el parlamento. Esta medida intentaría dar -de seguir en el poder- un respiro al gobierno del PSOE en Andalucía que ha sido combatido con virulencia desde el parlamento por el líder del C.U.T., y que ya ha advertido a Griñán que no se librarán de él y que dejará la alcaldía si llega el caso.
Primer precedente contra el PP: la modificación de la Ley de cajas.
Cuando el PSOE andaluz se olía la debacle de las pasadas elecciones municipales, limitó la presencia de los políticos en las mismas para que el PP no tenga jamás el poder que él tuvo sobre las Cajas. En el caso andaluz, la Junta, y por decreto, reduce el poder de los ayuntamientos del 22% a un 15%. El poder de los partidos del arco parlamentario baja de un 15 a un 12%. Permanece igual el peso -13%- de las entidades fundadoras de las cajas -en el caso de Cajasur desaparece la referencia a la Iglesia-. Sin embargo, ahora, y tras 30 años de dominación socialista, sube la representación de "otras organizaciones", en el que se incluyen sindicatos, empresarios, economía social y consumidores entre otros del 8 al 18% y no varía el poder de los impositores -27%- y empleados -15%-.
El nuevo planteamiento impide, de hecho, que el control asfixiante que ha ejercido el PSOE durante 30 años pueda ser ahora ejercido por el PP, si es que puede llegar gobernar en la Junta, ya que sí lo hace ahora en los principales ayuntamientos de las provincias.