Según se desprende de los datos ofrecidos por el diario de Vocento, el Instituto Nóos movió entre 2004 y 2006, mientras Urdangarín lo presidía, alrededor de diez millones de euros mediante una serie de convenios y patrocinios.
En este sentido, haciendo una serie de estimaciones, se considera que este instituto se quedó con aproximadamente un 50 por ciento de esa cantidad, es decir, unos cinco millones de euros.
Por ello, el juez José Castro cree que ese dinero acabó "en sociedades mercantiles controladas" por Diego Torres e Iñaki Urdangarín, que eran las que facturaban a Nóos.
Un total de tres administraciones de tres Comunidades Autónomas firmaron convenios con esta organización sin aparente ánimo de lucro: Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.
Además, entre 2004 y 2006 el Instituto Nóos firmó también contratos de patrocinios con distintas empresas para financiar los eventos que organizaba y que supusieron grandes beneficios para esta entidad. Sin embargo, Nóos no descontó ese dinero que recibió de empresas privadas de las cantidades que obtenía por los acuerdos de los gobiernos autonómicos como era lógico, puesto que los costes de organización de los eventos eran asumidos en parte por el sector privado. Por todo ello, habrían cobrado dos veces por el mismo servicio.
Así, el juez afirma que hay facturas "que no guardan relación alguna con los encargos y todavía se cuestiona la procedencia de determinadas facturas". Tanto Urdangarín como su socio podrían haber cometido los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y falsedad documental.