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Los retos de Cosidó y Fernández de Mesa

Equiparación de sueldos, despolitización de la cúpula policial, modernización de la Guardia Civil o las leyes de Personal.

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Equiparación de sueldos, despolitización de la cúpula policial, modernización de la Guardia Civil o las leyes de Personal.
Ignacio Cosidó y Arsenio Fernández de Mesa, durante la jura de su cargo. | Mir

Este lunes, la nueva cúpula de Interior juró sus cargos bajo la atenta mirada del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Apenas veinticuatro horas después, tanto el nuevo director general de la Policía como su homónimo en la Guardia Civil tomarán posesión de sus cargos. El primero, en el Complejo Policial de Canillas. El segundo, en el Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada".

Una vez hayan terminado sus respectivos actos, tanto Ignacio Cosidó como Arsenio Fernández de Mesa tendrán que empezar a enfrentarse a los múltiples retos que tienen por delante. Entre ellos, gestionar las estrecheces económicas que tendrán que afrontar las partidas presupuestarias destinadas a los Cuerpos que dirigirán, y que harán muy difícil, a priori, que puedan afrontar la principal exigencia de policías y guardias civiles: la equiparación de su sueldo con el de policías autonómicos y locales.

El nuevo director general de la Policía tendrá como uno de sus principales desafíos despolitizar la cúpula policial, cuyos componentes fueron designados no por criterios profesionales, sino por su fidelidad y sintonía con los anteriores ministros del Interior socialistas, especialmente, con Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Hay reiteradas sentencias judiciales que denuncian que el Ministerio del Interior está abusando como nunca de los nombramientos a dedo y de confianza política. Hoy no hay un sólo mando policial que no haya sido nombrado a dedo por el señor Rubalcaba y ese es un sistema perverso", llegó a decir el propio Ignacio Cosidó hace unos meses. "Hay datos objetivos que permiten afirmar que Rubalcaba ha usado a la Policía no en favor de los ciudadanos, sino en favor de sus intereses de partido", insistió en otra ocasión.

Esta politización de la cúpula policial ha hecho que algunos de estos altos mandos hayan acabado en los últimos meses sentados en tribunales o protagonizando severos escándalos. Ejemplos claros de ello son el sumario del Faisán –el chivatazo a ETA– o los oscuros tejemanejes de algunos responsables policial durante el 11-M y sus días posteriores.

Pendientes de esta pasada legislatura quedan dos leyes que afectarían de forma importante a los funcionarios policiales, y que no salieron adelante porque se encontraban todavía en el proceso de negociación y enmiendas. La primera, sería la nueva Ley de Personal. La segunda, la Ley de Derechos y Deberes de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Por su parte, el nuevo Director General de la Guardia Civil tendrá también que enfrentarse a importantes retos durante su mandato. En primer lugar, deberá ser el responsable de llevar a cabo un importante proceso de modernización, que tendrá que afectar tanto a sus estructuras de funcionamiento como al despliegue de la Benemérita a nivel nacional, con el objetivo de racionalizar los esfuerzos y ser aún más eficaces en las zonas rurales. Una modernización que deberá respetar la naturaleza militar del Cuerpo.

En segundo lugar, tendrá que lidiar con el importante descontento que existe en parte de los integrantes del Instituto Armado, y que hizo que durante las legislaturas socialistas de Zapatero se celebrasen en España las primeras manifestaciones de agentes uniformados en la historia del país. Buena parte del mismo viene por la nueva Ley de Personal de la Guardia Civil.

Deberá gestionar una cúpula excesivamente poblada, y es que de la mano de Rubalcaba se ha doblado el número de generales que hay en la cúpula de la Institución, pasándose de los 17 que había cuando el PP dejó el poder en 2004 a los 34 que están en activo en la actualidad. Un hecho que tampoco ha sentado muy bien en ninguno de los escalafones del Cuerpo.

Por último, deberá consolidar las relaciones que existen entre la cúpula de la Guardia Civil y las asociaciones profesionales de agentes, decidiendo el margen de influencia que quiere otorgar a éstas.

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