El Gobierno Rajoy tiene previsto encargar un informe jurídico para modificar la Ley Electoral General con el fin de que puedan votar en la comunidad vasca aquellos vascos que se fueron por culpa de ETA. La intención es que puedan votar en las elecciones autonómicas, generales y europeas, pero no en las municipales y forales, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Este planteamiento tiene su origen en la ponencia política que pilotó Antonio Basagoiti y que se discutió y aprobó en el XVII Congreso del PP el pasado fin de semana en Sevilla. En la misma, cuyo contenido avanzó Libertad Digital se decía textualmente:
El final necesario de ETA debe conllevar la restitución de los derechos políticos de miles de vascos desterrados por las consecuencias directas e indirectas de la amenaza y extorsión etarra. Un País Vasco en libertad es una sociedad en la que puedan decidir su presente todos aquellos que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o vivieron.
Esta ponencia recogía el guante de la iniciativa "Un exiliado, un voto", que fue lanzada en 2008 por el exsubdelegado del Gobierno en Álava, César Velasco, con la ayuda de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES). A la misma, se sumaron rápidamente las víctimas del terrorismo y el PP vasco.
Los populares consideran que este derecho de voto debería ser restituido a las personas de las que haya una constancia objetiva de un daño o una amenaza por parte de ETA, es decir, víctimas, hijos de víctimas, personas a las que la banda intentó extorsionar, amenazó o supervivientes de atentados, entre otros. En definitiva, sería necesario que se demostrara objetivamente que salieron del País Vasco por una acción directa o indirecta de la banda terrorista.
El argumento en el que se basan los defensores de esta propuesta es en el derecho de voto que tienen los emigrantes españoles que salieron de España por efecto de la Guerra Civil, sus hijos y nietos. Este precedente de una emigración forzada es el que alegan las fuentes consultadas, quienes señalan que se trataría de restablecer una normalidad democrática con las personas que tuvieron que salir de Euskadi contra su voluntad.
Podrán elegir dónde votan
No obstante, añaden que el ejercicio del voto dependería de la voluntad de las personas y, en ese caso, se baraja permitirles recuperar su presencia en el País Vasco en el último domicilio que hubieran tenido a efectos de poder votar, pero no se les exige que vuelvan. Tampoco se permitiría doble voto, es decir, en el País Vasco y en su lugar actual de residencia.
La intención es que puedan ejercer este derecho en las elecciones autonómicas, generales y europeas, pero no en las forales y las municipales, tal y como ocurre ahora con el voto de los residentes ausentes.
Los populares quieren que la modificación de la Ley Electoral General se pueda realizar para ser aplicada en las próximas elecciones autonómicas vascas que, si no se adelantan, tendrían que celebrarse como muy tarde en marzo de 2013. Para ello, se realizará un informe jurídico previo.
En cualquier caso, aún no está decidido si será el Gobierno quien apruebe la modificación de la Ley Electoral General y después lo envíe al Parlamento o si será una propuesta del Grupo Parlamentario Popular, aunque esta última opción podría ser más rápida.
De hecho, las fuentes consultadas admiten que, aunque emprendan la reforma legal, irían bastante justos ya que el censo para las autonómicas se cierra bastante antes de la celebración de las mismas.
200.000 vascos exiliados desde los años 70
En cuanto a la incidencia en el censo que podría tener la posibilidad de que los vascos "desterrados" puedan votar hay diversidad de opiniones. Hay quien piensa que puede tener poca incidencia y otras fuentes consultadas creen que sí podría ser un factor importante en los comicios.
Se calcula que el número de vascos que salió de la comunidad vasca desde los años 70 es de unos 200.000. Aún se desconoce cuántos de ellos pueden demostrar que su marcha del País Vasco por razones directas o indirectas relacionadas con ETA. Para ello sería necesario realizar un censo y, además, que estos "desterrados" tengan la voluntad de votar y lo hagan.