La Comisión de investigación sobre los ERE tendrá que alargar su vida parlamentaria podría llegar hasta la primera quincena de octubre. ¿Razón? Que no siempre se encuentra a los comparecientes y no se les puede avisar, algo que podría haber sido fácilmente previsto dada la época de vacaciones.
Las comparecencias ante la comisión de investigación de los ERE fraudulentos en el Parlamento andaluz iban a empezar el 23 de julio. Ahora, los comparecientes decididos por PSOE e IU -muchos del PP, más de 110 no fueron aceptados por ambos partidos- lo harán a finales de agosto o a principios de septiembre. De este modo, el presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha tenido que anunciar el fin de la "aceleración" impuesta por el pacto de gobierno.
Según El Mundo, de confirmarse el desplazamiento, Manuel Chaves y José Antonio Griñán declararán entrado el mes de septiembre y no el primer viernes de agosto -el día tres-, como estaba previsto inicialmente. García ha negado que esta medida suponga "una chapuza" y, por el contrario, con ella se trata -ha afirmado- de "salvar la seriedad y el rigor" de la comisión de investigación.
García adujo como razón del retraso que no había sido posible conseguir las direcciones de algunos de los comparecientes y poder entregarles las citaciones. Cuenta El País que además ha habido retrasos en la entrega de documentación por parte de la Junta, entre otras administraciones.
Pero el presidente de la Comisión sigue empeñado en la "aceleración" y considera que el retraso de las comparecencias hasta que terminen las vacaciones de verano, no supone a priori que la comisión acabe más tarde de finales de septiembre. Según García, 10 días deben bastar para que declaren los 25 comparecientes, pero su "aceleración" no parece afectarle a él y a su equipo puesto que a finales de la semana pasada aún no se le había notificado su citación a la mitad de los cargos que deben acudir, entre ellos el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana.
El presidente de la comisión, que parece poco informado de la legalidad vigente, dijo el lunes que el órgano se ha topado con la ley de protección de datos para disponer de las direcciones de las personas. "Hubiera ayudado que los distintos grupos parlamentarios facilitaran las direcciones de los comparecientes", lamentó García. Ni siquiera el PSOE, partido interesado en que estas comenzaran cuanto antes, entregó el listado con domicilios.
Tampoco parece haber tenido en cuenta que los comparecientes deben disponer de 15 días para preparar su intervención ante la comisión lo que implica una buena organización de la recepción y distribución de la documentación.
El PP denuncia el "rodillo"
El portavoz del PP en el Parlamento, Carlos Rojas, afirmó que tanto PSOE como IU pretendían "imponer un rodillo a la comisión exprés, pero se han dado de bruces contra la realidad". Ante una instrucción que acumula 16.000 páginas y otras 200.000 en anexos aportados por la Junta, se han previsto hasta tres comparecencias por día, por lo que cada turno apenas podrá superar las dos o tres horas. "La experiencia lo irá diciendo", aseguró García al respecto.
El PSOE quiere que la Comisión dure solo dos meses pese a su complejidad, mientras que el PP deseaba ampliarla hasta los seis. Finalmente, la duración impuesta fue de tres meses, fecha propuesta por IU devenida en árbitro de la situación.
Este retraso llega a pesar de que PSOE e IU redujeron los comparecientes en una cantidad escandalosa. Mientras el PP propuso 135 personas para aclarar el caso de los ERE en dicha Comisión, PSOE e IU sólo aprobaron 25, la mayoría políticos, dejando fuera a empresarios, funcionarios y subalternos. Incluso El País llega a decir que los admitidos como comparecientes por PSOE e IU es muy probable que "aleguen desconocimiento sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, que autorizó un fondo de 1.217 millones a lo largo de una década, sin apenas controles y con un amplio margen de discrecionalidad".