Hombre de costumbres fijas, el empresario zaragozano Publio Cordón acostumbraba a empezar el día, siempre que su agenda profesional le permitía pasar la noche en su casa familiar en Zaragoza, haciendo footing por los alrededores de su domicilio, ubicado en el barrio de Casablanca, a las afueras de la capital aragonesa.
El 27 de junio de 1995, sobre las 7.30 horas, abandonó ‘La Chácara’ –nombre del chalé familiar– como en tantas otras ocasiones. Junto a él, sus perros. Pero ese día las cosas no transcurrieron con la normalidad habitual. Los canes regresaron solos al domicilio, lo que causó una honda preocupación en la familia, que no tardó en ponerse en contacto con la Policía.
Las Fuerzas de Seguridad peinaron durante las horas siguientes la Colonia Residencial Casablanca e, incluso, el canal Imperial de Aragón, ante la posibilidad de que hubiese sufrido un accidente y caído al río Ebro. Pero la búsqueda no dio los resultados esperados y la noche cayó sin dar con el paradero del empresario.
Al día siguiente, la hipótesis del secuestro se convirtió en una realidad para familia y las Fuerzas de Seguridad. El primer sospechoso: ETA, aunque como los mismos expertos recordaron en el momento, el nombre del empresario no había aparecido en la documentación decomisada a la banda terrorista en Sokoa. Donde sí había aparecido su nombre, años antes, había sido en una lista de posibles objetivos de los GRAPO.
Cuarenta y ocho horas después del secuestro llegó la reivindicación. Los Grupos Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) se pusieron en contacto con la familia Cordón para responsabilizarse de la desaparición y exigir el pago de 400 millones de las antiguas pesetas, algo más de 2,4 millones de euros. Días después insistirían remitiendo sendas cartas al Heraldo de Aragón y a Las Provincias.
Una de las hijas de Cordón y su marido viajaron el 9 de agosto de ese año hasta París. Siguiendo las instrucciones que les habían dado los terroristas, depositaron una bolsa de deportes con el dinero en una papelera para que fuese recogida por los miembros del GRAPO. Menos de diez días después, la organización terrorista anunció la liberación del empresario y apuntó el estadio de Sarriá, antiguo campo del R.C.D. Español, como escenario de la misma.
Nada más se volvió a saber de él, que jamás regresó a su casa, al lado de su familia. La esperanza de saber algo más llegó en noviembre de ese año, cuando una operación policial detuvo a tres terroristas del GRAPO, pero estos volvieron a insistir en que el empresario había sido liberado.
En marzo del 1996, la familia Cordón, desesperada por tener alguna noticia del paradero del empresario zaragozano ofreció una recompensa de 15 millones de pesetas (90.000 euros) a quien aportase alguna pista. Pero no hubo noticias. Como tampoco las hubo un año y medio después, cuando aumentaron la cifra de la recompensa hasta los 150 millones de pesetas, unos 900.000 euros.
Chantajeados de nuevo por la banda terrorista en mayo de 1998, que pidió más dinero a la familia, la luz pareció encenderse en octubre de ese año, con el juicio en la Audiencia Nacional a tres de los grapo que participaron en el secuestro del empresario. Los terroristas mantuvieron que había sido liberado e, incluso, una testigo declaró haber viajado junto a él en el AVE Sevilla-Madrid en noviembre de 1996. El tribunal condenó a los grapo pero no acreditó ni la muerte ni la huida de Publio Cordón.
A finales de noviembre de 1999, la familia del empresario remitió al Ministerio del Interior un escrito de petición de responsabilidad patrimonial del Estado, por el posible funcionamiento "anormal" de sus servicios. Siete meses después, la Audiencia Nacional archivó la causa hasta la detención del dirigente de los GRAPO Fernando Silva Sande, algo que ocurrió cinco meses después de esa resolución, en noviembre de 2000.
El 26 de septiembre de 2002, la Audiencia Nacional rechazó la petición de la familia de que el Estado pagase por el secuestro del empresario, una decisión que fue ratificada meses después por el Tribunal Supremo. Pero no todas las resoluciones iban a ser negativas, y en enero de 2005 el Supremo ratificó una sentencia del TSJ de Aragón que reconocía el derecho de la mujer del empresario, Pilar Muro, a percibir una prestación de viudedad.
El calvario familiar empieza a ver la luz al final del túnel a finales de 2008, cuando uno de los dirigentes del GRAPO, que participó en el cautiverio y muerte de Publio Cordón, Fernando Silva Sande, decide empezar a colaborar con la justicia y desvela que el empresario falleció cuando llevaba una quincena de días secuestrado y que fue enterrado en el Mont Ventoux. Durante ese año y los primeros meses de 2009 se realizan varias batidas en el monte, aunque no con el resultado esperado.
Tras las detenciones de otros terroristas del GRAPO que participaron en la inhumación de los restos del empresario zaragozano se abre ahora la posibilidad de que diecisiete años después, la familia puede recuperar los restos mortales de Publio Cordón.