L D (Agencias) El líder popular explicó que el recurso impugna dos de los puntos de la reforma y resaltó que su formación solicitó máxima urgencia "porque afecta a la actual composición del Tribunal".
El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se centra en sus artículos, el 16.1 y el 16.3. El primero obliga al Senado a proponer para el Alto Tribunal, entre el tercio de miembros que le corresponde, a unos candidatos impuestos por Comunidades Autónomas. Lo que en opinión de Astarloa "pervierte la estructura del Estado constitucionalmente prevista y es una cesión más a los partidos nacionalistas".
En su opinión, a los magistrados los deben proponer y elegir los órganos de Gobierno del Estado, el Congreso o el Senado, "y no se debe condicionar esta designación, porque es un golpe muy duro para los senadores".
El segundo artículo, conocido como "enmienda Casas", altera la duración constitucional del cargo de presidente del Tribunal, que podría sobrepasar los ters años. En concreto, Astarloa criticó la fórmula de incorporación: "añadida a la ley durante su tramitación parlamentaria, de muy mala manera en lo que ha sido un golpe oportunista". En el recurso, los populares sostienen que estas modificaciones “vulneran frontalmente y sin género de duda” los artículos 159.1 y 160 de la Constitución Española.
Con respecto al que limita las competencias del Senado, la Carta Magna recuerda que:
“El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”. (artículo 159.1)
Sobre la "enmienda Casas", el PP incluye en su recurso otra referencia a la Constitución:
“El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años”. (artículo 160)
Esa enmienda introducida a última hora por el Gobierno y ahora recurrida podría ser determinante en las discusiones sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Con esta maniobra, y contando con que la decisión sobre el texto catalán siga retrasándose, el Ejecutivo podría asegurarse la permanencia de María Emilia Casas al frente del TC. Su voto de calidad terminaría desequilibrando la balanza a favor de las tesis de Zapatero.
Finalmente, Astarloa lamentó que se hubiese prescindido del principio de acuerdo entre PSOE y PP para abordar la reforma y lo achacó al "efecto Bermejo". "El ministro de Justicia decidió apoyarse en otros socios, los partidos nacionalistas, para su aprobación, lo que políticamente ha sido una gran desgracia porque es una ley capital de nuestro sistema constitucional", concluyó.