L D (EFE)
Según fuentes del alto tribunal, el recurso ha sido presentado este miércoles por la mañana por un representante legal de Batasuna por entender que se han infringido varios artículos de la Constitución y de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El pasado 17 de marzo, la Sala Especial del Tribunal Supremo acordó, por unanimidad, la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna al estimar que estas formaciones han vulnerado la Ley de Partidos al mantener una "identidad real" con ETA.
El fallo de la sentencia fue anunciado públicamente ese día por el presidente de la Sala Especial y ponente, Francisco Hernando, quien explicó que "esta decisión supone la ilegalidad de dichas formaciones políticas y, como consecuencia, su disolución y la cancelación de las inscripciones causadas en el Registro de Partidos Políticos obrantes en el Ministerio del Interior". De esta forma, el Supremo admitió "íntegramente" las demandas de ilegalización presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tras cuatro días de deliberaciones, por lo que la Sala no agotó el plazo máximo que fijaba la ley, hasta el 4 de abril.
En su recurso, de más de doscientos folios, Batasuna señala, a modo de conclusión, que la decisión del Tribunal Supremo respecto a esta formación, a instancias de la Fiscalía y del Abogado del Estado, "no ha sido fruto de una interpretación estricta ni se ha reducido a un estrecho margen de actuación, sentando una apreciación adecuada de los hechos que ponderase razones convincentes e inaplazables para tamaña restricción de la libertad de partidos políticos".
Por ello, Batasuna entiende que su disolución supone "una restricción desproporcionada del derecho de asociación y, en consecuencia, una violación de los artículos 6 y 22 (de la Constitución), en relación con el artículo 11.1 del CEDH" (Convenio Europeo de Derechos Humanos).
En el recurso, dirigido contra el auto de 4 de diciembre de 2002 y contra la sentencia de 27 de marzo de 2003, dictados por la Sala Especial del Supremo, Batasuna pide al TC que se otorgue el amparo que solicita y se le reconozca su derecho "a un proceso con todas las garantías ante un tribunal independiente e imparcial; a la tutela judicial efectiva, con interdicción de la indefensión; a la presunción de inocencia; a la libertad de expresión, a la libertad ideológica y a la libertad de asociación (...)".
Por ello, Batasuna solicita al Tribunal Constitucional declare la nulidad del citado auto y la sentencia de la Sala Especial del Supremo que decretó la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna.
El 28 de marzo, el Tribunal Supremo notificó a las partes la sentencia en la que se ordenaba la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna y señalaba que "el beneficio que se obtiene –con esta medida– es una inmediata protección de la Democracia y de los derechos de los demás". La sentencia, de 254 folios, justificaba los motivos por los que se declaraba la disolución de estas formaciones que mantienen "una identidad real" con ETA, al tiempo que ordenaba la cancelación de sus inscripciones en el Registro de Partidos Políticos.
Además, tras la notificación de la sentencia, HB-EH-Batasuna "deberán cesar de inmediato en todas sus actividades" y quedan impedidas a "constituir situaciones o relaciones jurídicas de clase alguna", indicaba el texto jurídico.
El fallo de la sentencia fue anunciado públicamente ese día por el presidente de la Sala Especial y ponente, Francisco Hernando, quien explicó que "esta decisión supone la ilegalidad de dichas formaciones políticas y, como consecuencia, su disolución y la cancelación de las inscripciones causadas en el Registro de Partidos Políticos obrantes en el Ministerio del Interior". De esta forma, el Supremo admitió "íntegramente" las demandas de ilegalización presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tras cuatro días de deliberaciones, por lo que la Sala no agotó el plazo máximo que fijaba la ley, hasta el 4 de abril.
En su recurso, de más de doscientos folios, Batasuna señala, a modo de conclusión, que la decisión del Tribunal Supremo respecto a esta formación, a instancias de la Fiscalía y del Abogado del Estado, "no ha sido fruto de una interpretación estricta ni se ha reducido a un estrecho margen de actuación, sentando una apreciación adecuada de los hechos que ponderase razones convincentes e inaplazables para tamaña restricción de la libertad de partidos políticos".
Por ello, Batasuna entiende que su disolución supone "una restricción desproporcionada del derecho de asociación y, en consecuencia, una violación de los artículos 6 y 22 (de la Constitución), en relación con el artículo 11.1 del CEDH" (Convenio Europeo de Derechos Humanos).
En el recurso, dirigido contra el auto de 4 de diciembre de 2002 y contra la sentencia de 27 de marzo de 2003, dictados por la Sala Especial del Supremo, Batasuna pide al TC que se otorgue el amparo que solicita y se le reconozca su derecho "a un proceso con todas las garantías ante un tribunal independiente e imparcial; a la tutela judicial efectiva, con interdicción de la indefensión; a la presunción de inocencia; a la libertad de expresión, a la libertad ideológica y a la libertad de asociación (...)".
Por ello, Batasuna solicita al Tribunal Constitucional declare la nulidad del citado auto y la sentencia de la Sala Especial del Supremo que decretó la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna.
El 28 de marzo, el Tribunal Supremo notificó a las partes la sentencia en la que se ordenaba la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna y señalaba que "el beneficio que se obtiene –con esta medida– es una inmediata protección de la Democracia y de los derechos de los demás". La sentencia, de 254 folios, justificaba los motivos por los que se declaraba la disolución de estas formaciones que mantienen "una identidad real" con ETA, al tiempo que ordenaba la cancelación de sus inscripciones en el Registro de Partidos Políticos.
Además, tras la notificación de la sentencia, HB-EH-Batasuna "deberán cesar de inmediato en todas sus actividades" y quedan impedidas a "constituir situaciones o relaciones jurídicas de clase alguna", indicaba el texto jurídico.