L D (Europa Press) En declaraciones a la prensa minutos antes del inicio de un foro sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Conde Pumpido aseguró, en referencia a la posibilidad de solicitar la ilegalización del PCTV, que la Fiscalía "nunca" interpondrá "una acción temeraria, sabiendo que no va a prosperar ante los tribunales".
"Jurídicamente –argumenta Conde Pumpido– no existe base en este momento para poder presentar la demanda correspondientes ni tampoco tiempo". Consideró como "un dato más" aunque no definitivo el documento en el que la Mesa Nacional de Batasuna se atribuye los resultados de la candidatura del PCTV en las pasadas elecciones autonómicas vascas y se felicita por ellos.
El fiscal general indicó que el Tribunal Constitucional ya determinó en su resolución sobre la plataforma Aukera Guztiak (AG) que para ilegalizar a una formación no se pueden esgrimir como pruebas "las acciones de terceros" –que en este caso serían sustitutos– y recordó que el Alto Tribunal rechazó como pruebas el hecho de que más de cuarenta miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna avalaran con su firma la candidatura de AG.
"Acciones temerarias"
La explicación de Conde Pumpido es que "las manifestaciones que pueda hacer Batasuna en el sentido de que ha encauzado su voto son manifestaciones de los que han votado al Partido Comunista de las Tierras Vascas y eso no nos permite privar de su derecho fundamental a la participación política a un partido que en este momento es un partido legal".
Indicó además que la Fiscalía General continúa trabajando con "la misma convicción" que ha tenido hasta ahora y con la consideración de que "el camino" marcado por el Supremo y el Constitucional en la ilegalización de Aukera no le permite actuar jurídicamente contra el PCTV. "Ese camino en este momento no nos permite actuar jurídicamente contra el PCTV. El Ministerio Fiscal nunca va a interponer una acción temeraria sabiendo que no a va a prosperar ante los tribunales", aseveró, antes de recalcar que su institución se rige por criterios jurídicos y no políticos.