L D (Europa Press) El diputado Jaime Ignacio del Burgo, en declaraciones a la agencia Europa Press, dijo que "es lamentable que Garzón, que ha prestado tantos servicios judicialmente hablando, bendiga ahora la rendición ante ETA. No tiene por qué producirse una reunión con Batasuna, que es una organización terrorista. El juez Garzón debería cumplir con las resoluciones del Tribunal Supremo", en alusión a la sentencia que sirvió para ilegalizar a Batasuna-ETA.
Según Del Burgo, el juez de la Audiencia Nacional ha regresado a España para "incumplir" la Ley e ir contra "sus propios autos" que sirvieron para ilegalizar las actividades de Batasuna-ETA. Además, se preguntó si tendrá "algo que ver" la reunión que mantuvo Garzón con José Zaragoza, el Fiscal General de la Audiencia Nacional nombrado por Cándido Conde Pumpido. Del Burgo insistió también en que resulta "innecesario" el encuentro con Batasuna y que bastaría con un comunicado en el que la antigua HB condenase la violencia, se desvinculase de ETA y "pida perdón por el daño causado".
Otro miembro de UPN, el secretario general, Alberto Catalán, también manifestó su rechazo a la decisión de Garzón. Manifestó que están "a la espera de más decisiones en este tema" pero que "está claro que el mundo está al revés". "Ahora las víctimas parecen los verdugos y los verdugos parecen las víctimas", dijo Catalán, antes de insistir en que su partido "no respalda" el "comportamiento que está llevando a cabo el señor Zapatero", y "más aún" en los planteamientos que tienen que ver con Navarra.
La Fiscalía "ha facilitado las pretensiones" de Batasuna
Mientras, el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, arremetió contra la Fiscalía por "dar facilidades de actuación a ETA-Batasuna". Según el popular, "ha facilitado sus pretensiones de burlar las prohibiciones de la Ley de Partidos", en referencia al informe que la institución realizó para el juez Baltasar Garzón, en el que se mostraba contraria a prohibir la reunión PSE-Batasuna. Esa decisión, denunció, "ha permitido a ETA-Batasuna equipararse a un partido político y actuar como interlocutor político, actuando de facto como si no fuera una formación ilegalizada por pertenecer a una banda terrorista".