L D (EFE)
La representación de Batasuna presentó el pasado 23 de abril su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de marzo, que falló la ilegalización de la formación abertzale, en el que pidió que se suspenda la ejecución de la resolución hasta que se resuelva su apelación.
El abogado del brazo político de ETA, Iñigo Iruin, alegó que se vulneró el “derecho a un tribunal imparcial”, porque Francisco Hernando previamente había participado en el dictamen que realizó el Consejo General del Poder Judicial, del cual es presidente, sobre el anteproyecto de Ley de Partidos Políticos, y “se pronuncio a favor de su constitucionalidad”. A su entender, el hecho de que se pronunciara “sobre el mismo tema” en el proceso contra Batasuna, supone que “no puede ser un juez imparcial para este asunto”.
En cuanto a la sentencia, el recurso expone “dos motivos de vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva” y otros tantos de “vulneración a la presunción de inocencia”. Señala que se han vulnerado los derechos a la libertad ideológica y de expresión y, en el último motivo, el más extenso, denuncia la vulneración del “derecho a la libertad de asociación”.
El abogado del brazo político de ETA, Iñigo Iruin, alegó que se vulneró el “derecho a un tribunal imparcial”, porque Francisco Hernando previamente había participado en el dictamen que realizó el Consejo General del Poder Judicial, del cual es presidente, sobre el anteproyecto de Ley de Partidos Políticos, y “se pronuncio a favor de su constitucionalidad”. A su entender, el hecho de que se pronunciara “sobre el mismo tema” en el proceso contra Batasuna, supone que “no puede ser un juez imparcial para este asunto”.
En cuanto a la sentencia, el recurso expone “dos motivos de vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva” y otros tantos de “vulneración a la presunción de inocencia”. Señala que se han vulnerado los derechos a la libertad ideológica y de expresión y, en el último motivo, el más extenso, denuncia la vulneración del “derecho a la libertad de asociación”.