L D (EFE)
Se trata de Sabin Juaristi Arrieta, Iñaki Loizaga Arnaiz, Joseba Iñaki Reta Frutos, Ixone Urcelay Bengoetxea, Asier Virumbrales Amenabar –detenidos el pasado 5 de febrero y encarcelados por Garzón al día siguiente– y Jean Francois Lefort, cuya busca y captura ordenó el magistrado en el auto de prisión de los anteriores. En un escrito dirigido al Juzgado, el fiscal asegura que, a pesar de la declaración de ilicitud, "Askatasuna reconstituyó su estructura, idéntica a la de Gestoras pro Amnistía, y retomó sus actividades" a través de personas que ya pertenecían a la vieja organización o de otras nuevas.
Además, y al igual que su antecesora, Askatasuna tenía como misiones la realización de convocatorias de actos en apoyo de los presos de ETA, la contribución al sostenimiento económico de éstos, la presentación de denuncias (fundamentalmente de torturas) en su nombre y la denuncia de "la ocupación militar de Euskal Herria" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Askatasuna, según la documentación que obra en la causa, realizaba mensualmente un ingreso de 150 euros por cada preso de ETA en España y de 183 euros por cada recluso etarra en Francia en las cuentas corrientes de cada uno de los comités locales de la organización. El fiscal añade que "el ámbito de su actuación pretendidamente se extendía a lo que ETA denomina los siete territorios vascos, en comunidad de objetivos con el 'frente armado' y el resto de las organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) controlados por aquél".
También como Gestoras, Askatasuna divide su estructura en cinco áreas: Euskal Presoak Euskal Herrira (Presos vascos al País Vasco), Solidaridad, Libertades Democráticas, Huidos y Coordinación. Según el representante del ministerio público, "la investigación policial ha podido desvelar la identidad de algunas de las personas que asumían papeles de responsabilidad superior en la mencionada organización dependiente del 'frente armado' de ETA, bien por sus comparecencias públicas o por el resultado de sus comunicaciones telefónicas". Esas personas son las seis cuyo procesamiento solicitó este viernes el fiscal.
Además, y al igual que su antecesora, Askatasuna tenía como misiones la realización de convocatorias de actos en apoyo de los presos de ETA, la contribución al sostenimiento económico de éstos, la presentación de denuncias (fundamentalmente de torturas) en su nombre y la denuncia de "la ocupación militar de Euskal Herria" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Askatasuna, según la documentación que obra en la causa, realizaba mensualmente un ingreso de 150 euros por cada preso de ETA en España y de 183 euros por cada recluso etarra en Francia en las cuentas corrientes de cada uno de los comités locales de la organización. El fiscal añade que "el ámbito de su actuación pretendidamente se extendía a lo que ETA denomina los siete territorios vascos, en comunidad de objetivos con el 'frente armado' y el resto de las organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) controlados por aquél".
También como Gestoras, Askatasuna divide su estructura en cinco áreas: Euskal Presoak Euskal Herrira (Presos vascos al País Vasco), Solidaridad, Libertades Democráticas, Huidos y Coordinación. Según el representante del ministerio público, "la investigación policial ha podido desvelar la identidad de algunas de las personas que asumían papeles de responsabilidad superior en la mencionada organización dependiente del 'frente armado' de ETA, bien por sus comparecencias públicas o por el resultado de sus comunicaciones telefónicas". Esas personas son las seis cuyo procesamiento solicitó este viernes el fiscal.