L D (EFE) En la conferencia de prensa tras el Consejo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, informó de que el Gobierno había optado por el desestimiento del recursos contra la Carta Municipal de Barcelona, el decreto de Castilla-La Mancha relativo a la televisión local por ondas terrestres, contra la ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, el acuerdo andaluz sobre el Plan de ordenación de la isla de Alborán y contra la supervisión del Gobierno vasco de las elecciones sindicales.
Fernández de la Vega explicó que la decisión del Gobierno se enmarca en el proceso de "distensión" iniciado entre el Gobierno central y los Parlamentos autonómicos y comunidades" y tiene por objeto incrementar la armonía en las relaciones y reducir la litigiosidad acumulada. Además, añadió, la mayoría de los recursos "no tienen la suficiente justificación o relevancia constitucional como para plantearse ante el TC y deberán resolverse por otras vías".
La vicepresidenta, que se refirió a cada uno de los recursos, señaló que en relación al primero, presentado contra la Carta Municipal de Barcelona, "no hay problema en el hecho de que las concesiones y autorizaciones respecto al espacio radioeléctrico se comunicaran al Ayuntamiento, no es un tema de relevancia constitucional y es un recurso del que se va a desistir".
El segundo, señaló la vicepresidenta, es el presentado contra el decreto de Castilla-La Mancha relativo a la televisión local por ondas terrestres, "y la justificación es que no creemos que en este momento tenga sentido mantener este recurso en la medida en que existe un Plan técnico nacional que asigna frecuencias".
El tercer recurso, añadió, es el que se presentó contra la ley de Cajas de Ahorros de Andalucía. Fernández de la Vega recordó que "fue muy controvertido pero seguimos pensando que no está justificada la intromisión del Gobierno en la ley andaluza para influir en Caja Sur".
En cuánto al cuarto recurso, es el presentado contra el acuerdo andaluz sobre el Plan de ordenación de los recursos naturales de la isla de Alborán. En este caso, dijo la vicepresidenta primera, "se trataba de un tema de gestión de un espacio natural protegido y no entendemos la polémica contra la Junta de Andalucía cuando un espacio natural protegido, como éste, de pequeñas dimensiones, se puede gestionar muy bien desde la propia Junta".
El quinto y último recurso presentado contra el Gobierno vasco en relación al decreto por el que se crea en la Comunidad Autónoma del País Vasco vasca la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales. A juicio de la vicepresidenta primera, "la supervisión de las elecciones sindicales está dentro de las competencias del Gobierno vasco".
En la actualidad existen 298 recursos entre las administraciones central y autonómicas acumulados en los últimos años y el propósito del Gobierno es reducir al máximo posible este alto nivel de contenciosos.
Fernández de la Vega explicó que la decisión del Gobierno se enmarca en el proceso de "distensión" iniciado entre el Gobierno central y los Parlamentos autonómicos y comunidades" y tiene por objeto incrementar la armonía en las relaciones y reducir la litigiosidad acumulada. Además, añadió, la mayoría de los recursos "no tienen la suficiente justificación o relevancia constitucional como para plantearse ante el TC y deberán resolverse por otras vías".
La vicepresidenta, que se refirió a cada uno de los recursos, señaló que en relación al primero, presentado contra la Carta Municipal de Barcelona, "no hay problema en el hecho de que las concesiones y autorizaciones respecto al espacio radioeléctrico se comunicaran al Ayuntamiento, no es un tema de relevancia constitucional y es un recurso del que se va a desistir".
El segundo, señaló la vicepresidenta, es el presentado contra el decreto de Castilla-La Mancha relativo a la televisión local por ondas terrestres, "y la justificación es que no creemos que en este momento tenga sentido mantener este recurso en la medida en que existe un Plan técnico nacional que asigna frecuencias".
El tercer recurso, añadió, es el que se presentó contra la ley de Cajas de Ahorros de Andalucía. Fernández de la Vega recordó que "fue muy controvertido pero seguimos pensando que no está justificada la intromisión del Gobierno en la ley andaluza para influir en Caja Sur".
En cuánto al cuarto recurso, es el presentado contra el acuerdo andaluz sobre el Plan de ordenación de los recursos naturales de la isla de Alborán. En este caso, dijo la vicepresidenta primera, "se trataba de un tema de gestión de un espacio natural protegido y no entendemos la polémica contra la Junta de Andalucía cuando un espacio natural protegido, como éste, de pequeñas dimensiones, se puede gestionar muy bien desde la propia Junta".
El quinto y último recurso presentado contra el Gobierno vasco en relación al decreto por el que se crea en la Comunidad Autónoma del País Vasco vasca la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales. A juicio de la vicepresidenta primera, "la supervisión de las elecciones sindicales está dentro de las competencias del Gobierno vasco".
En la actualidad existen 298 recursos entre las administraciones central y autonómicas acumulados en los últimos años y el propósito del Gobierno es reducir al máximo posible este alto nivel de contenciosos.