L D (Agencias) El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Javier Casado, explicó que el objetivo de esta petición es la de esclarecer el papel que supuestamente jugó Juan Carlos Rodríguez Ibarra en la "cadena de chivateos" que tuvo lugar entre el jueves día 11 de marzo, fecha en la que se produjeron los ataques con bomba sobre los trenes de Madrid, y el domingo 14 de marzo de 2004, en la que se celebraron las elecciones generales que alzaron al PSOE al Gobierno de la nación.
El lugar más oportuno para la celebración de esta comparecencia, según Javier Casado, sería la Comisión de Investigación del 11-M en el Congreso de los Diputados. No obstante, el popular admitió que la presencia tanto del presidente extremeño como la del ex secretario de Estado será vetada por la mayoría socialista en dicho órgano, al igual que una respuesta oral de Ibarra a una pregunta directa de los populares en el parlamento extremeño.
Precisamente fue en la Comisión de Investigación donde el portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que Ibarra le llamó para advertirle que Rafael Vera quería decir algo sobre el asunto, una información que según los populares habría conseguido gracias a sus contactos en el Ministerio del Interior, e incluso a través del socialista asturiano Fernando Huarte, presunto confidente del ex secretario de Estado. Los populares extremeños quieren saber el grado de conocimiento del presidente de la Junta acerca de la autoría de los atentados en aquellas fechas, así como el contenido de las conversaciones mantenidas con Rafael Vera y Alfredo Pérez Rubalcaba, y también el motivo por el cual, en el caso de que tuviera alguna información al respecto, por qué no lo puso en conocimiento del Gobierno de la nación, en lugar de facilitársela al PSOE, en plena recta final de la campaña electoral.
Los populares sospechan que Rafael Vera pudo comunicar a Rodríguez Ibarra "algo relevante con respecto a la autoría de los atentados". En este sentido, recordó que "ocultar información relevante para la resolución de la autoría de un atentado terrorista es algo muy grave, pero si la misma se utiliza para favorecer los intereses electorales de un partido en perjuicio de la nación, todavía mucho peor". Finalmente, Casado dijo que el presidente de la Junta, en el caso de que se confirmara que ocultó a sabiendas datos relevantes para una investigación, podría estar "incurso en una responsabilidad legal", por lo que sugirió que "a lo mejor habría que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado".