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El presidente del TSJ vasco ignoró a 18 jueces con menor antigüedad en el turno de reparto

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, a la hora de designar a los magistrados de la Sala de la Discordia, que se ha de elegir a los de menor antigüedad y los que no tengan señalamientos pendientes. Esta última premisa no se tiene en cuenta en la práctica. En el “caso Atutxa”, tampoco se ha tenido en cuenta la primera pese a que hay, tal y como señala La Razón, casi veinte jueces que cumplen este requisito.

L D El diario La Razón publica que según la composición de las Salas de lo Contencioso y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de las que se deben nombrar a los magistrados de la Sala de la Discordia, hay 18 jueces con menor antigüedad que dos de los designados por Manuel Zorrilla. La tercera, María Abelleira es la única que cumple todos los requisitos: no tiene señalamientos pendientes y es la de menor antigüedad en su Sala. De los otros dos jueces, Enrique Torres es de los más antiguos, hasta el punto de que su jubilación está prevista para el próximo mes de octubre. Tiene por delante en la Sala de lo Contencioso Administrativo, con menor antigüedad, a nueve jueces, los mismos que el otro magistrado, Manuel Díaz de Rábago en la Sala de lo Social.

El CGPJ se tuvo que pronunciar en 2001

El diario recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial es “transparente” es sus instrucciones sobre la composición de la Sala de la Discordia. Exige que los designados sean los menos antiguos de cada Sala. También fija, aunque dado el número de casos acumulados no se cumple en la práctica, que los magistrados no tengan señalamientos pendientes. Estos criterios no fueron tenidos en cuenta por Zorrilla, presidente del TSJPV, salvo en el caso de María Abelleira. Una circunstancia que no es nueva y que ya en julio de 2001 obligó a la Comisión Permanente del CGPJ a advertir a Zorrilla que debía atender al turno que marca la ley.

Los hechos se han repetido y la Comisión decidió este lunes la suspensión cautelar de la Sala de la Discordia por la “presumible irregularidad” de su composición, según explicó el portavoz del CGPJ, Enrique López. Ahora, Zorrilla tiene un plazo de cinco días para presentar alegaciones. Posteriormente, el CGPJ deberá decidir en su pleno del 23 de julio sobre el recurso de alzada presentado por la Fiscalía. Hasta entonces, se mantendrá la suspensión de la Sala.

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