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ORDENA EL EMBARGO DE BIENES

El Supremo acuerda la disolución de los grupos de Batasuna en todas las instituciones

Por si quedaba algún resquicio de legalidad a ojos del Gobierno vasco, la Sala Especial del Tribunal Supremo ha acordado la disolución de todos los grupos que Batasuna posea "en parlamentos autonómicos, Juntas Generales, Diputaciones o Ayuntamientos" y el embargo de todos sus bienes. Para el Gobierno es un éxito. Para Anasagasti, "un atropello".

L D (EFE) Según informaron en la tarde de este miércoles fuentes del Alto Tribunal, la Sala Especial también ha acordado "expedir mandamiento de cancelación de la página web que Batasuna posee en Internet" y de las inscripciones de Batasuna, HB y EH en el Registro dependiente del Ministerio del Interior. En contra de lo informado por la mañana desde el gabinete de comunicación del tribunal, el Supremo sí que adoptó estos acuerdos para iniciar la ejecución de la sentencia, dictada el pasado 27 de marzo, que ilegaliza a estas formaciones políticas tal y como solicitó la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Respecto al embargo, el Supremo acuerda que se haga de todos "sus bienes o derechos, cuentas corrientes y subvenciones" y que se "inicien las vías de averiguación patrimonial y el nombramiento de tres liquidadores de su patrimonio". La Sala tiene previsto celebrar nuevas reuniones para analizar más aspectos de la ejecución.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, calificó esta decisión del Supremo de "injerencia en la potestad de un Parlamento". Dijo que el poder legislativo "no está siendo respetado y, por lo tanto, lo consideramos en este punto un atropello".

La Sala Especial completó la semana pasada el proceso de notificación, con la publicación del fallo de la sentencia en el Boletín Oficial del País Vasco. No obstante, en la primera reunión que mantuvo el Supremo tras dictar la sentencia, el 10 de abril, ya acordó comunicar este fallo, "a los efectos legales oportunos", a los gobiernos y parlamentos del País Vasco y Navarra, a las Juntas Generales de los Territorios Históricos y a la Junta Electoral Central, en el que exponía que estos partidos deberán cesar de inmediato en todas las actividades que realicen, una vez sea notificada la sentencia.

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