(Libertad Digital)
La Razón
publica este miércoles los datos del debate que los terroristas habrían mantenido sobre este asunto y que recoge un documento, anexo al "Zutabe" número 100, encontrado el pasado 13 de mayo en poder del etarra José María Arregui Arrugaeta, encarcelado en La Santé. Por la entrega de ese documento fue detenido el día 20 de mayo el abogado Unai Errea. El texto recoge como, tras consultar a través de un cuestionario a los terroristas, se decidió de manera mayoritaria dejar las cosas como estaban y no incluir a los dirigentes del PNV en los atentados, posibilidad estudiada –y apoyada por un sector minoritario de presos; otros preferían atacar al sector "españolista" de los Azkuna o Anasagasti– en los cuestionarios.
En ese documento, en poder de la Justicia gala y del que informa el diario La Razón , ETA consideraba muy grave el distanciamiento del "pacto de Estella" que se había suscrito entre todos los nacionalistas en mayo de 2001. Desde entonces, la evolución de las cosas han cambiado sin satisfacer las pretensiones de la banda terrorista. Por este motivo, y ante la presentación del Plan Ibarretxe, a comienzos de 2003 se produjeron los primeros intercambios de mensajes después del rechazo frontal que ETA manifestó en el "Zutabe" (número 98 de diciembre de 2002) a la aventura del Lehendakari.
ETA, según las referidas fuentes citadas por el diario de Planeta, le reprochó al PNV que, como pasó en el año 1998, le volvían a pedir que no cometiera atentados pero sin ofrecer nada a cambio. Por este motivo la exigencia fue que demostraran que estaban dispuestos a enfrentarse con España y, a cambio, además de no incluirles como objetivos, matizarían poco a poco su oposición al citado Plan, como así ha sido. Los mensajes del PNV hacia el entorno de ETA sobre su disposición al enfrentamiento con España han sido contínuos. Además, según La Razón , el 15 de octubre de 2002, Ibarretxe se reunió con representantes de "Gara" y "Egunkaria" y les dijo, según un acta de la reunión encontrada por la Guardia Civil en una reciente operación, que si España no aceptaba su Plan, estaba dispuesto a "ir al conflicto político y democrático y no descartaba ir a las movilizaciones".
Pero este acuerdo no les habría salido gratis. Los nacionalistas han tenido que aprobar las ayudas, de hasta 1.200 euros, para los familiares de los presos, que se habían quedado sin apoyo tras la deslegalización de las Gestoras pro Amnistía. Asimismo, el Gobierno vasco ha tenido que enfrentarse a las decisiones judiciales contra las organizaciones del entramado etarra.
En ese documento, en poder de la Justicia gala y del que informa el diario La Razón , ETA consideraba muy grave el distanciamiento del "pacto de Estella" que se había suscrito entre todos los nacionalistas en mayo de 2001. Desde entonces, la evolución de las cosas han cambiado sin satisfacer las pretensiones de la banda terrorista. Por este motivo, y ante la presentación del Plan Ibarretxe, a comienzos de 2003 se produjeron los primeros intercambios de mensajes después del rechazo frontal que ETA manifestó en el "Zutabe" (número 98 de diciembre de 2002) a la aventura del Lehendakari.
ETA, según las referidas fuentes citadas por el diario de Planeta, le reprochó al PNV que, como pasó en el año 1998, le volvían a pedir que no cometiera atentados pero sin ofrecer nada a cambio. Por este motivo la exigencia fue que demostraran que estaban dispuestos a enfrentarse con España y, a cambio, además de no incluirles como objetivos, matizarían poco a poco su oposición al citado Plan, como así ha sido. Los mensajes del PNV hacia el entorno de ETA sobre su disposición al enfrentamiento con España han sido contínuos. Además, según La Razón , el 15 de octubre de 2002, Ibarretxe se reunió con representantes de "Gara" y "Egunkaria" y les dijo, según un acta de la reunión encontrada por la Guardia Civil en una reciente operación, que si España no aceptaba su Plan, estaba dispuesto a "ir al conflicto político y democrático y no descartaba ir a las movilizaciones".
Pero este acuerdo no les habría salido gratis. Los nacionalistas han tenido que aprobar las ayudas, de hasta 1.200 euros, para los familiares de los presos, que se habían quedado sin apoyo tras la deslegalización de las Gestoras pro Amnistía. Asimismo, el Gobierno vasco ha tenido que enfrentarse a las decisiones judiciales contra las organizaciones del entramado etarra.