L D (Agencias) Baltasar Garzón no puede hacer lo mismo con Arnaldo Otegi y Jon Salaberría, que mantienen su condición de aforados como miembros de Socialistas Abertzales al pertenecer a la Diputación Permanente del Parlamento vasco. Por este motivo, el magistrado ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para que investigue por los mismos hechos a estos dos dirigentes batasunos.
Se da la circunstancia de que Salaberria, quien este jueves declaró como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra 33 miembros de Jarrai, Haika y Segi, fue quien reemplazó en la Diputación Permanente al inicialmente designado, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, "Josu Ternera", que se encuentra huido. Salaberria y Otegi mantendrán su condición de aforados hasta que se constituya una nueva Cámara después de las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en el País Vasco el 17 de abril.
El extenso procesamiento de Garzón
Garzón procesó el pasado mes de enero a 36 responsables de Batasuna (entre los que figuran miembros y ex miembros de las distintas mesas nacionales de HB) por integración en la organización terrorista ETA. Además, ratificó todas las medidas cautelares decretadas en la causa, como el embargo de los bienes de las herriko tabernas, consideradas el instrumento por el que los procesados cometieron el delito de integración.
En el auto de procesamiento, en el que se anunciaba el envío de una exposición razonada se mencionaba a los aforados contra los que ahora se ha actuado. Así a Arnaldo Otegi, Garzón lo definía como ex liberado de KAS y miembro de las mesas nacionales de Herri Batasuna en 1998 y 2000, y de la de Batasuna en 2001; Jon Salaberria, ex responsable de Jarrai y ex liberado de KAS, así como responsable de Ekin; y José Federico Alvarez Forcada, miembro de la mesa nacional de HB en 1992, 1995 y 2000, y de la de Batasuna en 2001, así como de la Comisión Nacional de Herrikos.
Respecto a Joseba Jakobe Permach, el juez recordaba que ya elevó una petición similar al TSJPV el pasado 1 de septiembre para que fuera investigado. Garzón le atribuye haber formado parte de la mesa nacional de HB de 1998 a 2000 y de Batasuna, en 2001. En aquel auto, el juez también anunciaba que pediría al TSJPV que investigara a "Josu Ternera", responsable del aparato político de ETA entre 1979 y 1989, cuando fue detenido. Sin embargo, el magistrado no ha propuesto ahora ninguna medida contra él al encontrarse huido. Urrutikoetxea fue suspendido de sus derechos como diputado por estar en paradero desconocido, pero mantenía su condición de aforado, por lo que no pudo procesarle en enero.
Herri Batasuna dentro de ETA
El auto de procesamiento explicaba que Herri Batasuna no sólo forma parte de la organización terrorista ETA como brazo político, "sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, cual es la autodeterminación de la denominada Euskal Herria". "Para ello, sus responsables anteponen a cualquier otro medio el ejercicio de la violencia contra personas y cosas, cuya práctica, no sólo justifican, sino que consideran imprescindible para la solución de lo que denominan 'conflicto' y que no es más que una actividad criminal de contenido terrorista", continuaba la resolución.
El auto insistía en que HB-EH-Batasuna "fueron diseñadas, creadas, financiadas, controladas y dirigidas, a la vez que servían de nutrientes, en efecto retroalimentador, de la estructura militar, por esta misma (ETA) como parte integrante de ella. Y sus dirigentes, integrantes de la mesa nacional, que además han formado parte de otras estructuras clandestinas, han sido conscientes de esa subordinación y conjunción de medios y fines, y han aceptado la distribución de papeles en el desarrollo de la violencia, aunque ahora pretendan adoptar posiciones meramente nacionalistas que buscan el final del conflicto".
La implicación de las herriko tabernas
En cuanto a las herriko tabernas, el juez señalaba que "parece claro la sumisión y dirección de las mismas al proyecto común, controlado por la Comisión Nacional de Herrikos, controlada a su vez por la Mesa Nacional". Tras fijar como punto de inflexión en la violencia sobre concretos sectores, el atentado del Hipercor de Barcelona, Garzón reproducía documentos en los que se enumeran las potenciales víctimas de ETA, así como la necesidad de la organización terrorista de "dotar de un carácter pedagógico a la violencia terrorista".
En este sentido, recordaba, se emprendieron campañas como Euskal Herria Libre o Fuera de Aquí, destinada a presionar a miembros de la Administración de Justicia, los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y periodistas, concejales, artistas y docentes universitarios, entre otros. Garzón cifraba las víctimas mortales de ETA en 838, entre 1968 y 2002, y de heridos, en 1.410.
Pérdidas económicas causadas por ETA
La extensa resolución reproducía un informe pericial sobre las pérdidas económicas provocadas por ETA: en el periodo 1994-3003, las cifra en 4.339 millones de euros, a los que hay que sumar los 3.497 millones que provocó el cierre de la central de Lemoniz. Además, según estudios recogidos por el magistrado, el PIB en el País Vasco disminuyó en 89.880.200.000 euros en el citado periodo. Entre 1970 y 1993, los costes ascendieron a 2.889.964.000 euros, en los que ya están incluidos las pérdidas por Lemoniz. Otros costes directamente cuantificables, según Garzón, aumentaron a 4.000 millones de euros. En el año 2004, en cambio, los "costes directamente cuantificables" superaron "con creces" los 600 millones de euros.
El auto incluía tablas con las mociones presentadas por Batasuna en las diferentes instituciones a favor del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Los cuadros también especificaban que el 48 por ciento de las comunicaciones externas de este entramado tienen como contenido "el apoyo, recuerdo o referencia a personas directamente relacionadas con ETA". En su resolución, Garzón recordaba que en mayo de 2004 acordó el cierre de las herriko tabernas, y la suspensión de actividades de Batasuna, ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, al no haber realizado el alto tribunal la liquidación de su patrimonio, el juez ratificó todas las medidas de embargo y de administración judicial que acordó el 9 de mayo de 2003 y que fue prorrogando.
