L D (EFE) Fuentes judiciales han explicado que la administración judicial es la medida menos lesiva de cuantas podían ser adoptadas en relación con las "herriko tabernas", que el juez estima que forman parte del entramado de ETA, porque permite que sus empleados conserven sus puestos de trabajo.
El pasado 9 de mayo, Garzón acordó la medida por periodos de seis meses prorrogables "en función de las circunstancias concurrentes", y pidió a la Intervención General de la Administración del Estado que nombrara un administrador judicial para que ejerciera el control de los establecimientos "con la debida protección". Este administrador debía "elaborar un informe exhaustivo" para determinar el alcance de la medida y la forma de desarrollarla, "así como el nombramiento de interventores si los interesados lo desean".
El magistrado mantuvo no obstante en sus funciones a los gestores de las "herriko tabernas" afectadas por la medida, aunque estos deberán "rendir cuenta puntualmente al administrador judicial y al Juzgado con el alcance y extensión que corresponda y determine aquél". Según el juez, en la causa consta acreditado que "todo el complejo de las denominadas herriko tabernas, así como las asociaciones que les dan acogida, forman parte del entramado que dirige la organización terrorista ETA-KAS-EKIN y constituyen, directa o indirectamente, una fuente de financiación de la estructura criminal a la que aquellos dan forma".
Añade que las "herriko tabernas" y asociaciones afectadas "dependen de la organización denominada Comisión Nacional de Herrikos, pilotada desde la suspendida y, a partir del 27 de marzo de 2003, ilegalizada HB-EH-Batasuna".
El 3 de julio de 2002, Garzón ordenó el bloqueo de los saldos de 109 cuentas bancarias y el embargo de los locales de 75 "herriko tabernas" y asociaciones vinculadas a la formación abertzale para cubrir los más de 24 millones de euros exigidos a Batasuna en concepto de responsabilidad civil por los daños y desperfectos ocasionados por el terrorismo callejero.
El pasado 9 de mayo, Garzón acordó la medida por periodos de seis meses prorrogables "en función de las circunstancias concurrentes", y pidió a la Intervención General de la Administración del Estado que nombrara un administrador judicial para que ejerciera el control de los establecimientos "con la debida protección". Este administrador debía "elaborar un informe exhaustivo" para determinar el alcance de la medida y la forma de desarrollarla, "así como el nombramiento de interventores si los interesados lo desean".
El magistrado mantuvo no obstante en sus funciones a los gestores de las "herriko tabernas" afectadas por la medida, aunque estos deberán "rendir cuenta puntualmente al administrador judicial y al Juzgado con el alcance y extensión que corresponda y determine aquél". Según el juez, en la causa consta acreditado que "todo el complejo de las denominadas herriko tabernas, así como las asociaciones que les dan acogida, forman parte del entramado que dirige la organización terrorista ETA-KAS-EKIN y constituyen, directa o indirectamente, una fuente de financiación de la estructura criminal a la que aquellos dan forma".
Añade que las "herriko tabernas" y asociaciones afectadas "dependen de la organización denominada Comisión Nacional de Herrikos, pilotada desde la suspendida y, a partir del 27 de marzo de 2003, ilegalizada HB-EH-Batasuna".
El 3 de julio de 2002, Garzón ordenó el bloqueo de los saldos de 109 cuentas bancarias y el embargo de los locales de 75 "herriko tabernas" y asociaciones vinculadas a la formación abertzale para cubrir los más de 24 millones de euros exigidos a Batasuna en concepto de responsabilidad civil por los daños y desperfectos ocasionados por el terrorismo callejero.