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La Audiencia corrige de nuevo a Garzón

Nueva correción de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a Garzón. La Sección Cuarta ha acordado este viernes rebajar de un millón a 200.000 euros las fianzas que el juez impuso el ex consejero Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta, ambos de CiU.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes rebajar de un millón a 200.000 euros las fianzas que el juez Baltasar Garzón impuso en diciembre pasado a dos de los principales imputados en el caso 'Pretoria', el ex consejero Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta, ambos de CiU.

El tribunal ha adoptado esta resolución en dos autos en los que considera que aunque persiste "el riesgo de fuga, de destrucción y ocultación de fuentes de prueba y de reiteración delictiva" por parte de los dos imputados, éste puede ser conjurado con una fianza inferior a la impuesta por el juez.

Prenafeta y Alavedra, "relevante participación"

La Sala, que admite parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de Alavedra y Prenafeta, sostiene que los dos ex altos cargos de CiU han venido cumpliendo "rigurosamente el régimen de comparecencias periódicas que se le impuso con ocasión de su puesta en libertad provisional", que Garzón acordó el pasado 7 de diciembre.

Los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel también indican que, contrariamente a lo que sostiene la defensa, la imputación de ambos por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias "no es descartable en el actual estado de las investigaciones".

En este sentido, los autos destacan que tanto a Prenafeta como a Alavedra se les atribuye "una relevante participación en un supuesto entramado empresarial dedicado a conseguir terrenos y recalificaciones urbanísticas, aprovechando los cargos institucionales y los contactos políticos y empresariales de los distintos componentes del grupo presuntamente delictivo investigado, con obtención de remuneraciones supuestamente al margen de las vías legales, que se repartía con otros cinco imputados".

Un sólo imputado, en prisión

En este procedimiento, que investiga operaciones urbanísticas presuntamente irregulares llevadas a cabo en los municipios barceloneses de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres, están imputados un total de 20 personas. El único que se encuentra en prisión es Luis García, al que la Sala de lo Penal mantuvo en prisión en diciembre pasado para evitar que pudiera destruir pruebas.

Además, permanecen en libertad bajo fianza Alavedra y Prenafeta (un millón de euros); el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC) y los presidente de Espais y Proinosa, Lluís Casamitjana y Josep Singla, respectivamente (500.000 euros); el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco (200.000 euros); el consejero delegado de Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo (100.000 euros); y el director gerente de Servicios de Santa Coloma, Pasqual Vela (25.000 euros).
 

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