L D (EFE)
La suspensión decretada este miércoles afecta a las sociedades Udalbiltzaren Elkartea, Udalbiltza Partzuergoa y Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa. En el auto, el magistrado afirma que las citadas sociedades dependen del complejo liderado por ETA y que sus responsables, "conscientes de esa dependencia", actuaban al servicio de los fines de la banda terrorista.
El auto incluye las conclusiones de un informe policial en el que se señala que Udalbiltza Partzuergoa "constituye el instrumento de que se vale la plataforma Udalbiltza-Kursaal, estructura política y carente de personalidad jurídica alguna, para poder operar, abriendo cuentas corrientes bancarias, contratando trabajadores, alquilando inmuebles, contratando suministros y servicios, etc.".
"Las actividades de la plataforma Udalbiltza Kursaal resultan inseparables de las del consorcio, a través del que se obtiene la financiación de aquellas", añade el informe elaborado por la Unidad Central de Inteligencia (UCI).
En una resolución anterior, del pasado 30 de abril, en la que acordó la ilicitud de Udalbiltza-Kursaal como parte integrante de ETA, Garzón se refería a las tres entidades cuyas actividades han sido suspendidas hoy como las "pantallas legales" desde las que la Asamblea de Electos de Batasuna se sirve para obtener fondos públicos de Ayuntamientos y otras instituciones. Según el juez, esto podría constituir un delito de malversación de caudales públicos, ya que "se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos Ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por HB-EH-Batasuna-Sozialista Abertzaleak para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista".
El informe policial antes citado afirma, en este sentido, que "se halla acreditado que la asignación de partidas presupuestarias al consorcio supone la pérdida por el titular de las mismas del control de su utilización y del destino final, y genera una legalidad y una institucionalidad alternativa". La Policía ha comprobado asimismo que parte de esos recursos son asignados a Euskal Fondoa, "que, a su vez, los dirige hacia una sociedad mercantil ubicada en el departamento de los Pirineos Atlánticos (Francia)": la sociedad Sarl Lycatex, ubicada en la localidad gala de Tardets y teóricamente dedicada a manufacturas en látex.
De todo ello se desprende que Udalbiltza-Kursaal y las tres sociedades citadas en el auto "mantienen entre ellas una vinculación estructural tal que permite afirmar que forman parte de una estructura única, dentro de la que el consorcio depende funcionalmente de la plataforma política y el fond', a su vez, del consorci'".
En estas dos entidades "no participa persona alguna que no esté directamente vinculada a la estructura y actividades del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y, específicamente, a la estructura de Batasuna". Además, "todos y cada uno de los Ayuntamientos" que han destinado dinero público a estas sociedades "han estado hasta los recientes comicios electorales bajo el control político de Batasuna-Euskal Herritarrok utilizando la denominación genérica de Sozialista Abertzaleak".
Garzón incluye en el auto una lista de los 66 Ayuntamientos del País Vasco y Navarra "que integran Udalbiltza-Kursaal y Udalbiltza Partzuergoa Konsorzio" y "cada uno de los cuales contribuye con diferentes cantidades" a la financiación de las mismas.
El auto incluye las conclusiones de un informe policial en el que se señala que Udalbiltza Partzuergoa "constituye el instrumento de que se vale la plataforma Udalbiltza-Kursaal, estructura política y carente de personalidad jurídica alguna, para poder operar, abriendo cuentas corrientes bancarias, contratando trabajadores, alquilando inmuebles, contratando suministros y servicios, etc.".
"Las actividades de la plataforma Udalbiltza Kursaal resultan inseparables de las del consorcio, a través del que se obtiene la financiación de aquellas", añade el informe elaborado por la Unidad Central de Inteligencia (UCI).
En una resolución anterior, del pasado 30 de abril, en la que acordó la ilicitud de Udalbiltza-Kursaal como parte integrante de ETA, Garzón se refería a las tres entidades cuyas actividades han sido suspendidas hoy como las "pantallas legales" desde las que la Asamblea de Electos de Batasuna se sirve para obtener fondos públicos de Ayuntamientos y otras instituciones. Según el juez, esto podría constituir un delito de malversación de caudales públicos, ya que "se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos Ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por HB-EH-Batasuna-Sozialista Abertzaleak para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista".
El informe policial antes citado afirma, en este sentido, que "se halla acreditado que la asignación de partidas presupuestarias al consorcio supone la pérdida por el titular de las mismas del control de su utilización y del destino final, y genera una legalidad y una institucionalidad alternativa". La Policía ha comprobado asimismo que parte de esos recursos son asignados a Euskal Fondoa, "que, a su vez, los dirige hacia una sociedad mercantil ubicada en el departamento de los Pirineos Atlánticos (Francia)": la sociedad Sarl Lycatex, ubicada en la localidad gala de Tardets y teóricamente dedicada a manufacturas en látex.
De todo ello se desprende que Udalbiltza-Kursaal y las tres sociedades citadas en el auto "mantienen entre ellas una vinculación estructural tal que permite afirmar que forman parte de una estructura única, dentro de la que el consorcio depende funcionalmente de la plataforma política y el fond', a su vez, del consorci'".
En estas dos entidades "no participa persona alguna que no esté directamente vinculada a la estructura y actividades del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y, específicamente, a la estructura de Batasuna". Además, "todos y cada uno de los Ayuntamientos" que han destinado dinero público a estas sociedades "han estado hasta los recientes comicios electorales bajo el control político de Batasuna-Euskal Herritarrok utilizando la denominación genérica de Sozialista Abertzaleak".
Garzón incluye en el auto una lista de los 66 Ayuntamientos del País Vasco y Navarra "que integran Udalbiltza-Kursaal y Udalbiltza Partzuergoa Konsorzio" y "cada uno de los cuales contribuye con diferentes cantidades" a la financiación de las mismas.