L D (EFE) Así lo acuerda la Sección Primera de la Sala de lo Penal en dos autos, en los que resuelve los recursos presentados por la defensa de estos cuatro imputados y atiende la petición del fiscal de que estas prisiones pudieran eludirse a cambio de las fianzas acordadas. Además, les impone comparecencias quincenales ante el juzgado o la comisaría más próximo a sus domicilios.
Los cuatro imputados, que quedarán en libertad una vez que paguen las fianzas, ingresaron en prisión entre mayo y septiembre de 2003. Baltasar Garzón, el juez que investiga la causa, dejó el pasado octubre en libertad bajo fianza, también a petición del fiscal, a otros dos acusados: Eider Casanova y Larraitz Sanzberro, ex concejales de Batasuna en Baracaldo (Vizcaya) y Oyarzun (Guipúzcoa), respectivamente.
Así, permanecen en prisión Joseba Garmendia, miembro de la comisión ejecutiva de Udalbiltza –considerado uno de los responsables "de las actividades de financiación" de la plataforma proetarra–, y el ex dirigente de KAS (después EKIN) Xabier Alegria.
También siguen encarcelados José Manuel Jurado, Lander Etxebarria, Karmele Urbistondo, Miriam Campos, Leire Idoyaga y Óscar Goñi, a quienes el juez acusa de la puesta en marcha, a través de Udalbiltza, de un proyecto destinado a burlar la ilegalización de Batasuna con vistas a los comicios del pasado 25 de mayo.
Según Garzón, Arkotxa, ex alcalde de Ondárroa (Vizcaya), sería el presidente de la plataforma de Udalbiltza, mientras que los otros cuatro imputados: Etxezarreta (director de la revista Kale Gorria), Imanol Esnaola (ex concejal batasuno de Lezo, Gupúzcoa) y Miren Josu Aramburu (ex concejala batasuna de Urrechu, Guipúzcoa), serían sus "responsables directos".
La Asamblea de batasunos electos, "entidad exclusiva" del Complejo ETA
Para el juez, desde el fin de la tregua-trampa de ETA Udalbiltza-Kursaal (distinta de la Udalbiltza original, en la que también participaban PNV y EA) se convirtió en "una entidad exclusiva" del Complejo ETA –bajo el control directo de la banda terrorista– y pasó a ser "un instrumento fundamental del entramado terrorista para la sustitución" de Batasuna, suspendida por el propio Garzón e ilegalizada después por el Tribunal Supremo.
Garzón acusa a Etxezarreta de ser, junto a Xabier Alegría, el enlace a través del cual ETA materializa su presencia en la Asamblea de Electos de Batasuna (Udalbiltza-Kursaal).
Al acordar su prisión, el juez aseguraba concretamente que Etxezarreta era "responsable, al mismo nivel que Xabier Alegría, de la gestión y dirección de la plataforma parainstitucional integrada en el complejo terrorista dirigido por ETA-EKIN, conocida con el nombre de Udalbiltza-Kursaal, que junto con las entidades a través de las que se desarrolla (...) se integran en el denominado MLNV bajo la dependencia de ETA-EKIN".
Garzón decidió suspender el pasado junio, por espacio de dos años, las actividades de las sociedades sospechosas de servir como "pantallas legales" para la financiación Udalbiltza-Kursaal. En concreto, ordenó el cese de cualquier actividad –pública, privada o institucional– de las entidades Udalbiltzaren Alde Elkartea, Udalbiltza Partzuergoa Konsorzio y Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa, así como el bloqueo de sus cuentas y la clausura de sus sedes y locales.
Garzón afirma en su resolución que estas sociedades "se integran o dependen de una estructura ilícita incluida en el complejo terrorista urdido y dirigido por ETA", y que sus responsables, "conscientes de esa dependencia y participando activamente en la dinámica delictiva, desarrollan la actividad de las entidades al servicio de los fines de la organización terrorista".