L D (Agencias) Las fuentes consultadas calculan que alrededor de la mitad de estos profesionales de seguridad se han incorporado a sus nuevos puestos de trabajo en País Vasco y Navarra, aunque la Comunidad de Madrid ha registrado un importante número de peticiones. Las nuevas incorporaciones han afectado al total de la treintena de empresas de seguridad autorizadas.
Los empresarios figuran en el primer lugar de sectores que han realizado peticiones de protección personal en las tres comunidades autónomas citadas desde el 30 de diciembre. Estas más de 150 nuevas incorporaciones no suponen un número igual de protegidos, ya que hay casos en los que las personas que contaban anteriormente con protección personal la han ampliado en número, como ha ocurrido en el caso de directivos de empresas destacadas en grandes sectores como, por ejemplo, el de las telecomunicaciones.
De las más de 5.000 personas que tenían asignada escolta en España antes y durante la tregua, un total de 1.200 viven en Euskadi, y la mayoría son concejales del PP y el PSOE. Este elevado número de amenazados provocó que a los policías, guardias civiles y ertzainas que prestan labores de escolta se tuvieran que sumar otros profesionales de la empresa privada.
En el País Vasco trabajaban antes del 30 de diciembre unos 1.800 escoltas privados y alrededor de otros 750 lo hacían en Navarra. Cada protegido lleva, al menos, dos escoltas. La protección de los amenazados en estas comunidades autónomas, ya corra a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Ertzaintza o empresas privadas está financiada a partes iguales por los Gobiernos central y vasco, aunque algunas de las últimas peticiones, identificadas con las de grandes empresarios, han corrido a título individual y la Administración no ha participado.