L D (Agencias)
Los últimos movimientos del PNV y el Gobierno vasco son el aperitivo de lo que Ibarretxe tiene en cartera. A tres semanas de que presente su plan separatista, tanto el PNV como IU y EA en calidad de socios del Gobierno de Vitoria, están sumidos en una cuenta atrás para que Batasuna-ETA avale sus intenciones. Al gesto –siempre con dinero público– de subvencionar las visitas de familias a presos etarras se unió este martes la decisión de seguir pagando las subvenciones a Socialistas Abertzales –cortadas por orden judicial– y de elevar una demanda contra el Estado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la Ley de Partidos. Todo ello, pese a que las decisiones contra las que actúan tienen todas las garantías unánimes de la Justicia.
Ante este panorama, el presidente del grupo popular en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, considera que el recurso ante Estrasburgo "no tiene ningún valor" y consideró que forma parte de un plan en el que "se busca la herencia de ETA, y al mismo tiempo, se precisa el pacto con ETA". Explica que "no es un planteamiento jurídico. Lo que el PNV y el Gobierno vasco van a tratar durante todos estos meses es demostrar que se ha rebelado en todos los frentes". De hecho, desde el punto de vista jurídico, a ese tribunal se puede acudir cuando hay un litigio de Estado contra Estado, de una víctima de violación de derechos humanos o a través de una ONG. Sin duda, no es el caso.
”Suplir a ETA”
En declaraciones a RNE, Mayor Oreja vuelve a adelantar cuál es la maniobra: estamos ante "un PNV a la búsqueda de la herencia, pero como ETA no ha muerto necesita pactar al mismo tiempo con ella, y necesita demostrar que el nacionalismo vasco sin ETA sigue siendo el único, el principal y el más relevante problema de España". Es decir, se trata de "intentar suplir a ETA pero esta vez desde el Gobierno vasco, por eso la ofensiva nacionalista en esta situación se hace esencialmente desde el Gobierno vasco, las instituciones, y el planteamiento es una desobediencia y una rebeldía plena, porque ni más ni menos son la referencia del proyecto político de ruptura de ETA". Con más claridad: “ETA es la garantía del Plan Ibarretxe, es esencialmente quien le da el crédito necesario para demostrar que el PNV está rompiendo en la buena dirección”.
Añadió Jaime Mayor Oreja que para evitar el desafío "vamos a tomar las medidas necesarias en el momento que corresponda. Nadie está hablando de aplicar el artículo 155 de la Constitución, nadie quiere en estos momentos agotar plazos. Pero los nacionalistas vascos tienen que saber que los constitucionalistas vamos a utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance”.
Pagando a ETA desde el Parlamento vasco
También desde el PP vasco, su presidente, Carlos Iturgaiz, ha hecho hincapié en que volver a pagar las subvenciones al grupo parlamentario de Batasuna-ETA es una “malversación de fondos públicos”. La razón es clara: "el Parlamento Vasco estaría pagando con los impuestos de todos los vascos a ETA y a un grupo integrado en la lista de terroristas de la Unión Europea". Iturgaiz compareció este miércoles ante los medios de comunicación para explicar los temas tratados en la reunión del grupo parlamentario del PP vasco, que estuvo presidida por Jaime Mayor Oreja.
En esta reunión, el PP comenzó a preparar el pleno del próximo día 26 de septiembre, en el que el lehendakari presentará las líneas generales de su propuesta de libre asociación del País Vasco al Estado que, según Iturgaiz, es "independentista, antivasca y antidemocrática, y crea división, crispación y ruptura".
Ante este panorama, el presidente del grupo popular en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, considera que el recurso ante Estrasburgo "no tiene ningún valor" y consideró que forma parte de un plan en el que "se busca la herencia de ETA, y al mismo tiempo, se precisa el pacto con ETA". Explica que "no es un planteamiento jurídico. Lo que el PNV y el Gobierno vasco van a tratar durante todos estos meses es demostrar que se ha rebelado en todos los frentes". De hecho, desde el punto de vista jurídico, a ese tribunal se puede acudir cuando hay un litigio de Estado contra Estado, de una víctima de violación de derechos humanos o a través de una ONG. Sin duda, no es el caso.
”Suplir a ETA”
En declaraciones a RNE, Mayor Oreja vuelve a adelantar cuál es la maniobra: estamos ante "un PNV a la búsqueda de la herencia, pero como ETA no ha muerto necesita pactar al mismo tiempo con ella, y necesita demostrar que el nacionalismo vasco sin ETA sigue siendo el único, el principal y el más relevante problema de España". Es decir, se trata de "intentar suplir a ETA pero esta vez desde el Gobierno vasco, por eso la ofensiva nacionalista en esta situación se hace esencialmente desde el Gobierno vasco, las instituciones, y el planteamiento es una desobediencia y una rebeldía plena, porque ni más ni menos son la referencia del proyecto político de ruptura de ETA". Con más claridad: “ETA es la garantía del Plan Ibarretxe, es esencialmente quien le da el crédito necesario para demostrar que el PNV está rompiendo en la buena dirección”.
Añadió Jaime Mayor Oreja que para evitar el desafío "vamos a tomar las medidas necesarias en el momento que corresponda. Nadie está hablando de aplicar el artículo 155 de la Constitución, nadie quiere en estos momentos agotar plazos. Pero los nacionalistas vascos tienen que saber que los constitucionalistas vamos a utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance”.
Pagando a ETA desde el Parlamento vasco
También desde el PP vasco, su presidente, Carlos Iturgaiz, ha hecho hincapié en que volver a pagar las subvenciones al grupo parlamentario de Batasuna-ETA es una “malversación de fondos públicos”. La razón es clara: "el Parlamento Vasco estaría pagando con los impuestos de todos los vascos a ETA y a un grupo integrado en la lista de terroristas de la Unión Europea". Iturgaiz compareció este miércoles ante los medios de comunicación para explicar los temas tratados en la reunión del grupo parlamentario del PP vasco, que estuvo presidida por Jaime Mayor Oreja.
En esta reunión, el PP comenzó a preparar el pleno del próximo día 26 de septiembre, en el que el lehendakari presentará las líneas generales de su propuesta de libre asociación del País Vasco al Estado que, según Iturgaiz, es "independentista, antivasca y antidemocrática, y crea división, crispación y ruptura".