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Otros dos ugetistas de Córdoba en un ERE de Sevilla

Los sindicalistas fueron colocados por la propia consejería de Empleo de la Junta en el ERE de Saldauto.

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El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, vetó ayer, otra vez como ha hecho el PSOE en los últimos 15 años, la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre el escándalo de los ERE solicitada por PP e IU, acusándolos de pretender en realidad constituir una comisión "de difamación" con "inmunidad parlamentaria". Pero los hechos siguen manchando a Griñán y su gobierno: Aparecen dos nuevos ugetistas de Córdoba en un ERE de Sevilla colocados en el mismo por la propia Consejería de Empleo de la Junta.

No fue una cuadrilla de golfos. Fue la propia Consejería de Empleo la que incluyó a dos sindicalistas de la UGT de Córdoba como intrusos en el expediente de regulación de empleo (ERE) del concesionario sevillano de coches Saldauto. Ambos se quedaron fuera de las prejubilaciones de la empresa Muebles Promi, de Cabra (Córdoba), en la que eran delegados sindicales, y acudieron a ver al director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, quien les garantizó una solución.

Rafael Rodríguez Fuentes, uno de estos dos sindicalistas cordobeses que se incluyeron en el ERE de Saldauto, pese a no haber trabajado nunca en esta empresa, lo ha contado él mismo a El Mundo.  Rodríguez Fuentes admitió que estuvo trabajando "casi 30 años" en Promi, de la que era delegado sindical por la UGT junto a Antonio González Pérez.

Antes de 2004 comenzaron los problemas de cobro en Muebles Promi. Después de un tiempo sin cobrar las nóminas, "en 2006 o 2007" tanto él como su compañero decidieron abandonar la empresa y reclamar en los juzgados de lo Social el pago de los atrasos y una indemnización. Con ellos ya fuera, su antigua empresa presentó un ERE que resultó incentivado por la Junta de Andalucía, por lo que sus antiguos compañeros de trabajo consiguieron una prejubilación con cargo, en parte, a las arcas públicas. 

Rafael Rodríguez Fuentes y Antonio González Pérez consiguieron una cita en Sevilla con el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, el mismo que desveló ante la Policía Judicial la existencia de un "fondo de reptiles", si bien luego matizó que era un "fondo para apuros". Guerrero se comprometió a resolver su situación y, de hecho, al menos él viene cobrando desde hace un tiempo más o menos el mismo sueldo que tenía en Promi. Rodríguez Fuentes asegura que desconoce que está prejubilado de manera fraudulenta en el ERE del concesionario sevillano Saldauto, donde nunca trabajó. "Eso debe de ser un error", señaló ayer.

Saldauto Sevilla SAL se desvinculó ayer de estas irregularidades y aseguró que en la documentación tramitada ante la autoridad laboral sólo figuran los nombres de las cinco personas que trabajaron para este concesionario sevillano de vehículos y que, por edad, podían prejubilarse. La inclusión de los tres intrusos, por tanto, se debió hacerse a la hora de formalizarse las pólizas.

Otro imputado en Mercasevilla: firmó el contrato el mismo día que se prejubiló

La juez que instruye el «caso Mercasevilla», Mercedes Alaya, ha imputado por fraude a José Antonio Rivera Martín, un trabajador que fue inscrito en el expediente de regulación de empleo de 2007 (ERE) cuando éste ya había sido cerrado y aprobado por la Consejería. Firmó su último contrato laboral con el mercado central el 16 de abril de 2007, el mismo día en el que se produjo la solicitud del ERE al que finalmente se acogió. Lo ha contado La Razón.

Su inclusión en el ERE fue aprobada el 17 de mayo por el que entonces era el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, también imputado en el «caso Mercasevilla», a pesar de que diez días antes ya había sido aprobado y cerrado el expediente.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, aseguró ayer que su caso «está dentro de la legalidad» porque Rivera Martín prestaba sus servicios en la empresa desde 1999, aunque con la categoría de fijo discontinuo, por lo que pertenecía a la bolsa de contrataciones de Mercasevilla, que estaba obligada a hacerle fijo en cuanto hubiera una vacante. CC OO le ha proporcionado un abogado al imputado.

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