L D (EFE) Unai Errea (de 33 años) e Itziar Larraz (31), del Colegio de Abogados letrados de San Sebastián (España), se sentarán durante tres días en el banquillo, hasta el día 6, junto a los presuntos terroristas Ahinoa Múgica Goñi (36), Miren Aitzane de Orcolaga Echaniz (51), José María Otegi Arrugueta (33) y la francesa Laurenxa Beyrie (31). Los cuatro presos están acusados, por su parte, de haber ocultado documentos de ETA a sabiendas de que habían sido introducidos en la prisión por una vía ilegal, y con el agravante de terrorismo.
Los hechos que se les imputan se produjeron en 2003 y en 2005 en la prisión parisiense de La Santé y en las cárceles de Fresnes y de Fleury Merogis, situadas a las afueras de la capital francesa. Al entregar, recibir o transmitir en esos establecimientos carcelarios documentos internos de ETA o destinados a la banda, Errea y Larraz no podían ignorar que participaban en su funcionamiento y su estrategia, según la acusación. En el caso de Errea se añade además su presunta implicación en la puesta en marcha de una estructura dependiente de la organización.
Igualmente, ambos tenían que ser conscientes de que al facilitar el correo personal entre presuntos activistas contribuían al mantenimiento del control de ETA sobre sus miembros encarcelados, añadiendo a la dependencia financiera que supone el pago de una mensualidad a los presos, un conducto privilegiado para mantener sus relaciones afectivas, según la acusación.
Añade que el hecho de que las huellas digitales o genéticas de Errea y Larraz estuviesen en el interior de algunos documentos de ETA incautados a sus clientes tras reunirse con ellos, muestra que su papel no se limitaba únicamente a la transmisión de los mismos. Ese rol habría consistido además en conocer su contenido, hablar del mismo en sus encuentros con los presos en la cárcel y, en caso necesario, difundir tanto en el exterior como en el interior del medio carcelario observaciones o instrucciones verbales o escritas. Restos de ADN de Errea en documentos políticos y operativos de la dirección de ETA, en los que también había huellas genéticas de Múgica Goñi, justificaron el procesamiento e ingreso en prisión del letrado en abril de 2005.
Esos documentos le fueron incautados a Beyrie tras un encuentro con Larraz en la cárcel de Frennes. Errea salió de la cárcel el pasado 21 de diciembre, después de permanecer casi ocho meses en detención preventiva. El letrado, que es el primero encarcelado en Francia por supuesta colaboración con ETA, dijo en una rueda de prensa reciente que espera una condena "dura" contra él. En mayo de 2003, Errea ya había sido procesado, sospechoso de haber pasado documentos de ETA a Otegi Arrugueta en La Santé.
Un mes después, Larraz fue procesada, al sospechar también la Justicia que había entregado documentación interna de ETA a Orrolaga Echániz para que se la diese a Múgica Goñi cuando fue a visitarla a la cárcel de Fresnes, y quedó en libertad condicional. En junio de 2003, Errea y Larraz se vieron salpicados además por el descubrimiento en una mochila de ella hallada en el coche de él de una carta personal de un presunto etarra encarcelado en Fleury-Merogis a su compañera en la clandestinidad.
Igualmente, ambos tenían que ser conscientes de que al facilitar el correo personal entre presuntos activistas contribuían al mantenimiento del control de ETA sobre sus miembros encarcelados, añadiendo a la dependencia financiera que supone el pago de una mensualidad a los presos, un conducto privilegiado para mantener sus relaciones afectivas, según la acusación.
Añade que el hecho de que las huellas digitales o genéticas de Errea y Larraz estuviesen en el interior de algunos documentos de ETA incautados a sus clientes tras reunirse con ellos, muestra que su papel no se limitaba únicamente a la transmisión de los mismos. Ese rol habría consistido además en conocer su contenido, hablar del mismo en sus encuentros con los presos en la cárcel y, en caso necesario, difundir tanto en el exterior como en el interior del medio carcelario observaciones o instrucciones verbales o escritas. Restos de ADN de Errea en documentos políticos y operativos de la dirección de ETA, en los que también había huellas genéticas de Múgica Goñi, justificaron el procesamiento e ingreso en prisión del letrado en abril de 2005.
Esos documentos le fueron incautados a Beyrie tras un encuentro con Larraz en la cárcel de Frennes. Errea salió de la cárcel el pasado 21 de diciembre, después de permanecer casi ocho meses en detención preventiva. El letrado, que es el primero encarcelado en Francia por supuesta colaboración con ETA, dijo en una rueda de prensa reciente que espera una condena "dura" contra él. En mayo de 2003, Errea ya había sido procesado, sospechoso de haber pasado documentos de ETA a Otegi Arrugueta en La Santé.
Un mes después, Larraz fue procesada, al sospechar también la Justicia que había entregado documentación interna de ETA a Orrolaga Echániz para que se la diese a Múgica Goñi cuando fue a visitarla a la cárcel de Fresnes, y quedó en libertad condicional. En junio de 2003, Errea y Larraz se vieron salpicados además por el descubrimiento en una mochila de ella hallada en el coche de él de una carta personal de un presunto etarra encarcelado en Fleury-Merogis a su compañera en la clandestinidad.
Comando de información
Por otro lado, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el próximo lunes a quince jóvenes como responsables de recopilar información sobre objetivos que ofrecían a la dirección de ETA en Francia. El fiscal se refiere a Juan Carlos Subijana Izquierdo, "Txampi" y "Kepa", como responsable de un comando de información al servicio de la banda terrorista junto a José Ramón Acedo y Zigor Bravo. Este grupo habría facilitado en numerosas ocasiones datos a ETA "para la ejecución de atentados contra personas y cosas".
"Txampi" captó para la organización a Susana Achaerando, Joseba Gorosarri y Unai Romano, y recibió del también acusado Enrique Celestino Uriarte, quien se encontraba interno en el centro penitenciario de Nanclares de Oca (Álava), información acerca de funcionarios de dicha prisión.
También acusa el fiscal a Joseba Gorosarri y Juan Antonio Cortés de Luis de integrar un "comando de información de ETA". "En su calidad de miembros de ETA -señala el Ministerio Público-, realizaban contactos con la dirección de la misma en Francia y captaban a personas para su integración en ella". Añade que existen pruebas de que aportaron datos sobre militares, policías nacionales y concejales del PSOE.
En el domicilio de Sáez de Jáuregui, se ocuparon informaciones manuscritas sobre "vehículos y políticos del País Vasco que podrían ser objetivos de la banda ETA", mientras que existen indicios de que Jokin Cerain ofreció datos concretos a Raúl Vallinas sobre un despacho de abogados cuyo titular era militante del PP "con el fin de que la banda terrorista actuase contra el mismo". Por lo que se refiere a Susana Achaerandio, compañera sentimental de Cortés de Luis, el fiscal la acusa además de ocultar en su domicilio y posteriormente destruir "material documental demostrativos de su aludida pertenencia a ETA".