L D (EFE) José Luis Requero pidió este miércoles a la Fiscalía General del Estado o a la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que soliciten al Tribunal Supremo que evite que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, incluya a la ilegalizada Batasuna en la ronda de reuniones con partidos políticos que este miércoles convocó.
El vocal del CGPJ, elegido a propuesta del PP, consideró que la decisión de Ibarretxe de incluir a Batasuna en esta ronda supone reconocer a su líder, Arnaldo Otegi, "un estatus de representatividad parejo al del resto de los partidos políticos, lo que significa que se está defraudando lo que en su día sentenció el Tribunal Supremo".
Por ello pidió que la Abogacía del Estado o la Fiscalía General, "que fueron los que instaron la demanda contra Batasuna para su ilegalización", planteen al Supremo, "en la fase de ejecución de sentencia", la posibilidad de que "censure" que esta formación "pueda realizar actividades de carácter político que supongan la perduración de ese grupo político en el contexto de la vida institucional vasca, como ocurriría en este caso concreto".
A su juicio, con esa iniciativa, el lehendakari, "representante del Estado en el País Vasco y, por tanto, el primero que está obligado a demostrar el debido respeto al orden constitucional", está "reconociendo que esa formación sigue teniendo existencia y sigue teniendo peso dentro de la vida institucional vasca". "Las sentencias están para ser respetadas, para ser acatadas, para ser cumplidas y ejecutadas", destacó Requero, al señalar que "no puede presentarse ante la opinión pública la idea de que para qué sirven los tribunales, para qué sirven las leyes, si después luego se incumplen y, además, el que las incumple es el representante del Estado en una comunidad autónoma".
El vocal del CGPJ, elegido a propuesta del PP, consideró que la decisión de Ibarretxe de incluir a Batasuna en esta ronda supone reconocer a su líder, Arnaldo Otegi, "un estatus de representatividad parejo al del resto de los partidos políticos, lo que significa que se está defraudando lo que en su día sentenció el Tribunal Supremo".
Por ello pidió que la Abogacía del Estado o la Fiscalía General, "que fueron los que instaron la demanda contra Batasuna para su ilegalización", planteen al Supremo, "en la fase de ejecución de sentencia", la posibilidad de que "censure" que esta formación "pueda realizar actividades de carácter político que supongan la perduración de ese grupo político en el contexto de la vida institucional vasca, como ocurriría en este caso concreto".
A su juicio, con esa iniciativa, el lehendakari, "representante del Estado en el País Vasco y, por tanto, el primero que está obligado a demostrar el debido respeto al orden constitucional", está "reconociendo que esa formación sigue teniendo existencia y sigue teniendo peso dentro de la vida institucional vasca". "Las sentencias están para ser respetadas, para ser acatadas, para ser cumplidas y ejecutadas", destacó Requero, al señalar que "no puede presentarse ante la opinión pública la idea de que para qué sirven los tribunales, para qué sirven las leyes, si después luego se incumplen y, además, el que las incumple es el representante del Estado en una comunidad autónoma".