Una vez más, el debate jurídico entorno a las actividades de Pepe Rei choca con la libertad de expresión. Es la tercera ocasión en la que el periodista gallego se enfrenta a delitos relacionados con el terrorismo. Hace tres años consiguió salir absuelto de un delito de colaboración con banda armada: documentos suyos sobre empresas e industriales vascos, escritos con su puño y letra, aparecieron en manos de un terrorista. En el juicio, Rei insistió en su condición de periodista, recordó que el servicio de documentación de Egin no estaba cerrado con llave, cualquiera podía acceder a él. La Audiencia Nacional admitió la existencia de un delito, pero no pudo probar que el autor fuera Pepe Rei. Fuentes jurídicas recuerdan ahora que en aquella ocasión 100 periodistas de medios nacionales –Luis María Ansón, por ejemplo– firmaron un documento de adhesión a su colega.
El segundo frente judicial de Pepe Rei se abrió el año pasado. Garzón le procesó como responsable del “frente informativo” de ETA. Como Jefe de investigación de Egin, se entrevistó con el dirigente de ETA, Álvarez Santacristina, “Txelis”. En esa ocasión, también alegó la libertad de expresión: “Era una entrevista que pensábamos publicar en nuestro periódico”, aseguró ante el juez. Garzón le dejó en libertad bajo fianza de 15 millones de pesetas. Fuentes jurídicas recuerdan que una de las condiciones para eludir la prisión fue la de no reincidir en el delito, algo que con Ardi Beltza ha podido incumplir.
Ahora Pepe Rei se enfrenta a su tercer frente judicial. Casi todas las fuentes judiciales consultadas coinciden en que, en esta ocasión, la sombra de la libertad de expresión se estrecha y el Código Penal se abre: la clave será, para estas fuentes, probar la relación de causalidad entre los reportajes de Pepe Rei y los atentados de ETA. Algunos de los periodistas que en el 97 le felicitaron por su absolución, aparecen ahora en sus listas de Ardi Beltza.
Otras fuentes judiciales de la Audiencia Nacional, sin embargo, ven difícil demostrar que la actuación de Rei va “más allá” del ejercicio de la libertad de expresión. Algunos recuerdan el caso Vinader, en el que un periodista fue condenado a 7 años por imprudencia temeraria profesional. Publicó detalles sobre personas de la ultraderecha y días después de aquellos reportajes, esas personas fueron asesinadas por ETA. Algunos juristas consideran que a Pepe Rei se le podría imputar, en el más grave de los casos, delito de imprudencia temeraria profesional con resultado de muerte. Aquella sentencia, por cierto, fue ratificada en el Tribunal Constitucional en el año 83. Magistrados tan garantistas como Tomás y Valiente, Rubio Llorente, Díez-Picazo o Arozamena confirmaron la condena al periodista. Finalmente Vinader fue indultado por el gobierno socialista.
Otras fuentes judiciales recuerdan que con el reciente auto de excarcelación de Elena Beloki, difícilmente se podrá encajar la conducta de Pepe Rei en un delito terrorista. Y es que, al final, las decisiones de los jueces de instrucción siempre son revisadas por la Sala de lo Penal, en donde no hay un criterio unificado a la hora de limitar las actividades delictivas.
La sombra de la libertad de expresión, otra vez
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