Aunque George W. Bush fue certificado como ganador de la elección presidencial, la administración Clinton vergonzosamente le ha negado el acceso a la oficina de transición gubernamental. Parece que Clinton, aun en sus últimos días, sigue mostrando su mal juicio.
Se sabe que el período de transición entre la elección y la inauguración es uno de los tiempos más críticos de cualquier administración. El tiempo es corto, hay mucho por hacer y un fracaso puede infligir un daño duradero. Por ello es que el Congreso asignó la cantidad de 5,3 millones de dólares y se han reservado dos pisos del edificio en las calles 18 y G de la capital para la planificación de la transición. Aunque hace más de tres semanas que se llevaron a cabo las elecciones, ni un centavo ni las llaves de las oficinas han sido entregados a los representantes de Bush.
Y no se trata de un principio de imparcialidad porque Gore, quien todavía cree que ganará las elecciones en los tribunales, no necesita una oficina de transición. Ya tiene una oficina en la Casa Blanca y un amplio personal a su servicio, con irrestricto acceso a todo departamento y a toda agencia gubernamental.
Gore tampoco necesita nombrar los reemplazos de miles de funcionarios que quedarán cesantes el 20 de enero ni chequear el historial de su gente ni obtener la confirmación del Senado de cientos de nombramientos. Puede mantener a los funcionarios actuales que quiera y hasta pedirle a la Fiscal General Janet Reno que se quede por otros cuatro años, para que siga tapando eficientemente todas las fechorías de la administración Clinton.
Bush, por el contrario, tiene que empezar de la nada en un período de transición que ya ha consumido la tercera parte del tiempo disponible. Dado el aparente deseo de Gore de continuar una guerra sin cuartel, dentro y fuera de los tribunales, es posible que Bush no pueda declararse presidente electo hasta que se depositen los votos del Colegio Electoral, el 18 de diciembre. Pero ni siquiera entonces pareciera que Gore se dará por vencido y tratará de intimidar a los 25 electores de la Florida, como hizo –sin éxito- con la Secretaria de Estado Katherine Harris. Si tiene éxito esta vez, obligará al Congreso a nombrar el nuevo presidente de Estados Unidos, retrasando la transición hasta enero.
Mientras tanto, el equipo de Bush sigue perdiendo su valioso tiempo de transición. El mayor problema será realizar a tiempo los chequeos del historial personal de sus designados y navegar la confirmación del Senado de los principales funcionarios del nuevo gobierno, proceso que ya Gore y sus aliados están tratando de envenenar. Parece que habrá un empate 50 a 50 entre republicanos y demócratas en el Senado a partir de enero. Pero hasta el día 20 de enero, Al Gore seguirá siendo vicepresidente y, como tal, presidirá el Senado y podrá romper el empate a favor de los demócratas. Falta por verse cómo esto afectará el nombramiento de las comisiones y el papel potencial del Congreso en certificar al Colegio Electoral.
Podemos contar con que los demócratas harán lo posible por frustrar la rápida confirmación por parte del Senado de los nombramientos de Bush. Esto implica que el chequeo del historial de cada alto funcionario debe ser más profundo y detallado de lo que se acostumbra. Contrario a lo que la gente piensa, el papel de ese chequeo tiene poco que ver con la seguridad nacional y mucho que ver con tratar de evitar un descalabro político. Su propósito es evitar que salgan trapos sucios personales que obliguen el retiro del funcionario designado.
Esto sugiere que Bush se verá obligado a apoyarse en gente que estuvo anteriormente en el gobierno y que presumiblemente ya pasaron por el proceso de una confirmación anterior. Se presume, entonces, que cualquier posible esqueleto en el escaparate hubiera sido descubierto antes y su conocimiento de cómo Washington funciona acelerará el proceso. Esto también significa que Bush tendrá menos oportunidades de traer tantas caras nuevas como hubiera querido.
George W. Bush tiene toda la razón en proceder con la transición, inclusive sin contar con la cooperación de la administración Clinton. Simplemente no se puede dar el lujo de esperar hasta que Al Gore utilice todas las tácticas legales en tratar de obtener con sus abogados lo que no logró el día de las elecciones.
La manera cómo Bush se prepare para tomar las riendas de la presidencia el 20 de enero nos dirá mucho sobre lo que podemos esperar de su presidencia.
© AIPE
Bruce Bartlett es economista y académico del National Center for Policy Analysis (NCPA), Washington

La transición presidencial
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