El 11 de marzo se cumple un año de la llegada al poder del socialista Ricardo Lagos apoyado por la coalición de Centro-Izquierda Concertación por la Democracia. Su gestión, si bien marca avances importantes en la consolidación democrática y en el afianzamiento en la estrategia de desarrollo, tiende a ser decepcionante incluso para quienes lo apoyaron como candidato.
Es positivo el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Al contrario de lo que significó, hace treinta años, el triunfo del socialista Salvador Allende que llegó a realizar cambios estructurales atropellando el Estado de Derecho, el actual gobernante ha mostrado un firme apego a la juridicidad y a los principios claves de la democracia como es el respeto a la interacción con la oposición.
Ha sido un año, además, en que las instituciones han mostrado funcionar plenamente a pesar de que el procesamiento al general Pinochet o la reactivación de los juicios sobre violaciones a derechos humanos han colocado –en más de una ocasión— a las Fuerzas Armadas en escenarios de gran tensión. Jamás en tales circunstancias hemos sentido en Chile amenazada nuestra institucionalidad democrática. Claramente eso indica que hace tiempo que dejamos atrás la etapa de transición.
En lo macroeconómico, también es positivo que sea un gobernante socialista quien valore, aplique y proyecte un modelo económico de libre mercado, aun cuando de tanto en tanto evidencie nostalgias intervencionistas por la vía de mayores regulaciones. Es algo que debe valorarse si se tiene en cuanta que el socialismo chileno tradicional era filosóficamente marxista (hoy es socialdemócrata) y económicamente estatista.
Lo negativo de este primer año tiene que ver con la ineficiencia en la gestión. Es cierto que Chile creció en el año 2000 un 5%. Pero también lo es el hecho de que las políticas públicas tendentes a neutralizar una sostenida cesantía han fracasado. No sólo no se han creado nuevos puestos de trabajo, sino que la tasa de desempleo que bordea el 10% se ha incrementado.
En medio de una crisis recesiva, el Presidente insiste en sacar adelante una reforma laboral que hace más rígido el mercado laboral desalentando al sector empresarial a expandir sus inversiones y contratar mano de obra. El que haya transcurrido todo un año con tal tema pendiente entre el gobierno y el Congreso Nacional genera, obviamente, un ambiente de incertidumbre en las reglas del juego que no es bueno para las inversiones. El gobierno no ha sido claro en materia ambiental, haciéndose eco de muchas de las presiones de grupos ecologistas fundamentalistas, lo cual también ha frenado inversiones que estaban por materializarse.
Se llega al primer año de un gobierno que generó muchas expectativas modernizadoras y que hoy, tempranamente, comienza a dar señales de agotamiento.
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