Aunque será inevitable que muchos achaquen al origen gubernamental de su nombramiento que Enrique Múgica se haya negado a sumar la institución del Defensor del Pueblo a la caravana de recursos de anticonstitucionalidad contra la Ley de Extranjería, estamos ante un caso de sentido común, incluso dentro de las filas socialistas, a las que de un modo u otro no dejará de pertenecer nunca el político vasco. En el propio PSOE, la dirección estaba convencida de que la Ley es constitucional de cabo a rabo, por lo que hacer oposición política en ese terreno era inútil y acaso no tan rentable como muchos creían. Al final, las taifas se han impuesto al débil Zapatero y todos, con Bono a la cabeza, se han tirado al charco de la demagogia más desaforada después de meses de discusión y de anuncios de acuerdo prácticamente ultimados. Difícilmente podrán convencernos los socialistas de que la Ley es abominable si estaban a punto ya de consensuarla hasta en sus últimos detalles con el Gobierno del PP.
Pero es que además el PSOE parace haber centrado su demagogia en los "ilegales" y en la apología de la ilegalidad como situación humana primigenia, y ahí va a tropezar necesariamente con cualquier ley, buena o mala, que se haga para regular el flujo migratorio. Oyendo a los socialistas parecería que la mejor ley sobre inmigración es la que no existe. Y eso se carga de raíz hasta la mera hipótesis de Estado de Derecho. Por otra parte, en cualquier tiempo y lugar, la concesión de ciudadanía con todos los derechos inherentes supone el transcurso de un cierto tiempo, de unos cuantos años, pasados los cuales y sólo a petición voluntaria del interesado, se le concede la ciudadanía.
En el PSOE están confundiendo deliberadamente los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos políticos del ciudadano, que son tres estadios muy distintos que nadie puede confundir, salvo estupidez o malicia. Es de agradecer que Múgica no haya caído en ninguna de estas tentaciones.
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