Corrupciones esenciales

Aristóteles –que escribe siempre lo esencial– dio con la fórmula exacta: “la generación de una cosa corresponde a la corrupción de otra y la corrupción de ésta a la generación de aquella”. La corrupción determina la condición material y, en ella, la subjetividad humana. No es una falla o un punto de quiebra. Es el ser de lo efímero.

No es, por ello, visible la corrupción más que en las sociedades políticas nacidas tras la quiebra de las teocracias. Anclada en la providencia del Dios que es quien en verdad ejerce –a través de la figura vicaria del monarca– un destino histórico saturado de sentido, el teócrata no verbaliza siquiera la corrupción. Se corrompe lo que, al ser en el tiempo, muere. Y el poder, que es atributo del ser trascendente, no conoce transformación ni decurso. Muerte –o corrupción–, aún menos. Conoce el sacrilegio o la blasfemia que pueda el vicario perpetrar contra la providencia divina. Pero ése es un problema de orden muy distinto: teología purísima. No política.

Son corrompibles las sociedades humanas, en sentido propio. Aquellas que, en el poder, no ven sino su espejo: imagen institucional de lo efímero. Y, entonces, cuando la burguesía inventa el artesanado político, la corrupción deja de ser accidente. Ocupa su lugar propio: el de la inercia material de los sujetos determinados que tejen en el poder sus intereses. Porque no hay modernidad en política más que allá donde al interés sin mácula del Dios se sustituye la antagónica trama de los divergentes intereses humanos. La grandeza de los modelos propuestos por la burguesía naciente, a partir de final del siglo XVIII, está en su cristalina modestia: la corrupción es el automatismo constituyente de las sociedades no guiadas por dioses ni profetas; y el artificio de la autonomía de poderes, la única máquina que permita hacer de la desconfianza mutua corrector eficaz del interés privado.

La corrupción tal vez sea el único factor constante de la democracia española desde el fin de la dictadura. No es en sí mismo algo que debiera alarmarnos. Desaparecida la imagen dictatorial del padre que pone orden trascendente en todo (eso es una dictadura), la lógica del interés despliega sus reglas: no hay otras para una sociedad adulta. Que la tendencia natural de quienes controlan palancas de poder monumentales sea enriquecerse, es poco más que un teorema matemático. Forma parte de las leyes más elementales de la materia. El derecho no abole esa tendencia. Sólo la pone lo bastante cara como para que convenga pensárselo dos veces antes de pasarla al acto.

No, nadie piense que la omnipresente corrupción de los políticos españoles deriva de los dioses sabrán cuáles degeneraciones anímicas (patéticos tópicos acerca del “político latino”). Proviene, sencillamente, de que ser un político corrupto, en España, sale baratísimo. Y que el porcentaje de los gobernantes ladrones o asesinos que acaban ante los tribunales (para ser, de inmediato, indultados, en el tan improbable caso de condena) es irrisorio. De González a Aznar, de Roldan a Giménez-Reyna, nada cambiará la esencial constricción del enriquecimiento propio. La ideología hace mucho que dejó de diferenciar en ese campo. Sólo la extrema dureza de la ley hacia quienes se delinquen desde la impunidad que da el Estado puede frenar lo que, al fin, no es sino la lógica material del Estado mismo.

Toda democracia moderna vive bajo el acoso de la corrupción. Pero no toda sabe dotarse de las mismas máquinas de guerra legal contra ella. Dicho con Aristóteles: “iguales son las palabras, pero con ellas puede tejerse una comedia o una tragedia”.

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