El Tribunal Supremo y el Constitucional se han vuelto a tirar los trastos a la cabeza, esta vez por culpa de Isabel Preysler y su indiscreta doncella. La empleada de hogar aprovechó una suculenta oferta de una revista del corazón para revelar, en un reportaje, datos de su señora; datos, por cierto, tan poco interesantes como que Isabel Preysler tiene granos en la cara o mal genio por la mañanas.
La cuestión de fondo que refleja el caso "Preysler" es que el Tribunal Supremo y el Constitucional mantienen un permanente conflicto de poderes. En este caso, como en todos, el Supremo no ha podido hacer otra cosa que ejecutar lo que el Constitucional le ordenaba: elevar la indemnización a Isabel Preysler de 25.000 pesetas a 10 millones. Pero el Supremo, en cuanto ha podido, ha arremetido contra el Constitucional.
Quizá el Constitucional no fue demasiado elegante cuando se metió a valorar cuánto vale (en millones de pesetas) el daño moral causado a la señora Preysler. Es verdad, como dice el Supremo, que el Constitucional debió limitarse a valorar si Isabel Preysler merecía o no el amparo. En cierto modo, el Constitucional invadió las competencias del Supremo.
La actuación del Supremo también chirría un poco: el Constitucional le obligó a fijar una indemnización a la señora de Boyer y el Supremo obedeció a regañadientes; por eso puso la cantidad simbólica (aunque este calificativo molesta al Supremo) de 25.000 pesetas; el Supremo pecó de cabezota y por eso debió rectificar.
La señora Preysler ha conseguido reflejar de forma gráfica la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; Hace falta que se deslinden, de una vez por todas, las competencias de los dos altos tribunales.
La señora Preysler y sus granos también han reflejado otra necesidad urgente: se han regular, de alguna forma tasada, las indemnizaciones que se deben imponer cuando se trata de daños morales. En sus críticas al Constitucional, el Supremo detalla unos datos que no pueden pasar inadvertidos: a Isabel Preysler se le ha indemnizado con el doble de dinero que el que recibe una persona contaminada por negligencia con la hepatitis C; por razón de un homicidio por imprudencia de un joven, a la madre de la víctima se le indemniza con 5 millones de pesetas; ante el suicidio de un preso, el Estado paga por responsabilidad patrimonial 2 millones de pesetas; y así sucesivamente... No hay un criterio establecido y por eso los jueces españoles actúan con arbitrariedad. Y mientras tanto, a los jueces del Constitucional y del Supremo también les salen granos, por la mala índole.
Este conflicto exige reformas
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