No, no fue la LRU del PSOE, en 1983, una mala ley universitaria europea. Fue una excelente ley universitaria de república bananera: la perfección absoluta de la mordida en el ámbito profesoral. Difícilmente nada podrá alcanzar la impermeabilidad de aquel engendro en su configuración mafiosa. Y nada –insisto, nada— curará el destrozo que causó.
Mejor que nadie ha entendido el Consejo de Rectores eso. ¿Cómo no van a entender los capos de la familia cuáles son los riesgos que para sus intereses implica una alteración de aquella codificación legal del nepotismo que fue la LRU? Infinitamente más demoledora –también más inteligente— que la ridícula presencia de Zapatero y su provecta guardia profesoral en las manifestaciones de hace un par de semanas ha sido, así, el envite de ayer: “Los rectores de las universidades públicas españolas han sacado a concurso en lo que va de año casi el triple de plazas a profesorado funcionario que en el pasado ejercicio. Con la medida, todos los puestos vacantes publicados antes de que se apruebe la Ley Orgánica de Universidades (LOU) habrán eludido de facto pasar por la exigente prueba de habilitación a la que obliga la futura norma”, informaba ayer el diario El Mundo. Ésa es la verdadera guerra. A su lado, cualquier movilización callejera de los tan manipulados estudiantes –hace falta que la sociedad se haya vuelto lerda para que los universitarios se entusiasmen tras las consignas y los sujetos más impresentablemente reaccionarios y corruptos de la sociedad española—, es apenas anécdota risible.
¿Qué fue la LRU del 83? Ante todo el laboratorio de la gran corrupción que vendría de inmediato a apropiarse de todas las esferas de la sociedad española. Bajo forma –modernizada, sin duda, mas de matriz muy vieja entre nosotros— del clientelismo más implacable. Los Profesores No Numerarios, que constituían generacionalmente la clientela del PSOE (estadísticamente en torno a los treinta años de edad entonces) recibieron un regalo fastuoso: fueron, sin procedimiento de selección alguno, transmutados en Profesores Titulares, esto es, en funcionarios vitalicios. Sujetos de incompetencia fastuosa accedieron así a una condición inimaginable en cualquier institución académica civilizada. Y, lo que es peor si cabe, las plazas de profesorado universitario quedaron saturadas hasta la jubilación o muerte de toda esa banda: lo cual, dada la media de su edad, no se producirá antes del 2015.
Hubo casos desternillantes: como el de los redactores de la ley que fijaron sus normas al pie de la letra de sus propias biografías; o como la inclusión de última hora de un privilegio inaudito (la transformación in situ de los agregados en catedráticos, violando los derechos de aquellos catedráticos que los precedían en el escalafón) que apenas beneficiaba a cuatro o cinco sujetos, entre ellos don Gregorio Peces Barba. No fue eso, sin embargo lo más grave. Lo más grave fue la imposibilidad de renovar intelectualmente la Universidad española en un par de generaciones.
Ahora, ante el riesgo de perder sus privilegios, los rectores han decidido regalar las plazas que aún quedaban. Digo regalar. Me explico. ¿Saben cómo se constituye el tribunal que selecciona a un profesor universitario? Se lo cuento.
Primero. El Departamento convocante fija el llamado “perfil” de la plaza. Milimétricamente a la medida de la persona a quien ha decidido implantar en ella. Lo más normal es que ese perfil se corresponda, coma a coma, con la tesis doctoral y el curriculo (más o menos pintoresco) del elegido.
Segundo. El Departamento designa dos de los cinco miembros que compondrán el tribunal que juzgará a los concursantes. No dos cualquiera: el presidente y el secretario. Que de los otros tres (designados a concurso) no consiga arrastrar al menos a uno sería cosa de milagro.
Tres. El concurso (ahora no se llama ya oposición) es una estúpida pantomima en la que el ya seguro propietario de la plaza se limita a contar su vida y a desarrollar un tema por él mismo elegido.
Todo perfecto. Todo hermético. Modelo siciliano. En estado puro.
Con eso debería acabar la nueva ley de Universidades. ¿Puede extrañar a alguien que antes de que el riesgo se consume hasta el último guardaespaldas de la banda sea blindado por los capos como funcionario? A la espera de tiempos mejores.
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