Es indiscutible que el desarrollo económico español a medio plazo depende de una buena gestión del agua. Un país moderno y desarrollado como España no puede arrastrar año tras año las carencias que todos los veranos se ponen de manifiesto en el Levante y el Sur de la Península, ya sea en lo que toca al agua potable como al riego de las cosechas.
No es preciso discurrir mucho para darse cuenta de que cuando un recurso es escaso existen dos alternativas para no agotarlo: racionarlo o introducir los mecanismos del mercado. La teoría económica y la experiencia demuestran que el racionamiento es un sistema ineficaz de asignación de recursos, donde quienes los obtienen no siempre son los que objetivamente más los necesitan. En cambio, el mercado los asigna en función de las necesidades más perentorias. En el caso del agua, ésta tiene un valor mucho más elevado en Murcia, Almería o Andalucía que en la cuenca del Ebro, por la sencilla razón de que la ducha diaria de los habitantes de estas comarcas, a la par que la productividad de su agricultura, están en peligro a medio plazo.
Hasta cierto punto, es comprensible que los habitantes de la cuenca del Ebro se opongan a que el agua de “su” río viaje a Valencia, Murcia y Andalucía sin recibir ninguna compensación a cambio; y para que no se les tache de “insolidaridad”, aduzcan pretextos medioambientales para oponerse al trasvase. Por ello, lo más lógico y racional sería introducir los mecanismos del mercado, aunque la dificultad estriba en definir previamente derechos de propiedad; y en el caso del agua, bien tradicionalmente libre, resulta complicado —por lo menos a corto plazo— intentar establecerlos, fundamentalmente por motivos culturales. Las Confederaciones Hidrográficas y los organismos de cuenca son organismos regidos por la política regional y los intereses creados, que en muchas ocasiones practican la política del “perro del hortelano”, por lo que no son las instancias más adecuadas para asumir la condición de propietarios.
Probablemente, la sociedad española todavía no está preparada para iniciar este debate. Sin embargo, no es posible posponer por más tiempo una solución —todo lo parcial y subóptima que se quiera— que permita a los ciudadanos del Levante y de Andalucía (zonas, además de agrícolas, eminentemente turísticas) no vivir angustiados en la temporada estival.
Por consiguiente, un partido político nacional como el PSOE debe tener una política clara y coherente a este respecto. No es posible decir en Aragón y Cataluña que el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno es una infamia; y apoyarlo firmemente cuando se trata de Almería. Para criticar, es preciso proponer alternativas; y la incoherencia del discurso demagógico de Zapatero —claro reflejo del movimiento centrífugo que, liderado por Maragall y seguido de cerca por los socialistas vascos, han iniciado las federaciones regionales del PSOE, un partido que avanza rápidamente hacia la pérdida de su carácter nacional y español— es cualquier cosa menos eso.
Si no hay mercado, es preciso racionar. Podrá discutirse sobre los pormenores del racionamiento, sobre quién obtiene más o quién menos, y sobre las compensaciones que deban recibir (sería lo justo) quienes puedan aducir un justo derecho sobre el agua de la que otros se van a beneficiar. Lo que no es de recibo es prometer a todo el mundo lo imposible (a unos, la conservación de “su” agua; y a otros el agua que necesiten “gratis”) porque esa es la vía más segura para sembrar la discordia entre las comunidades autónomas y, consiguientemente, para que todos se queden sin nada.
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