Con la llegada de la LSSI al Congreso, la oposición ha demostrado una ignorancia de la Red y un desprecio a los internautas similares a los del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es cierto que se han presentado nueve enmiendas a la totalidad del proyecto, pero no ha escuchado a los afectados. Los partidos autores de las enmiendas ven problemas en los artículos (algunos realmente graves) de la Ley Birulés, pero no en la norma en sí misma. De hecho, todos los grupos parlamentarios coinciden en que es necesaria una ley que regule Internet, cuando es precisamente la regulación lo que rechaza gran parte de la comunidad internauta. Tal vez se deba a que los políticos creen que el único modo que tienen de demostrar que trabajan es aprobando nuevas leyes.
La no existencia de una Ley de Internet no significa que la Red sea un territorio salvaje, una especie de Far West virtual. Se trata de que se funcione según el principio de que lo ilegal en el mundo off line lo sea también on line. El mejor ejemplo de este funcionamiento se puede encontrar en el proceso legal abierto en Francia contra Yahoo! por apología de crímenes contra la humanidad. Para iniciar este juicio, los tribunales galos no han necesitado una LSSI. Una cosa es amoldar las leyes existentes a la nueva realidad que impone la Red, otra muy diferente es tratar de regular Internet. Esto último sólo puede tener un efecto, frenar su crecimiento y alejar a España cada vez más de la cabeza digital de Europa.
Hay voces que, estando de acuerdo en la no regulación de Internet, sí defienden leyes de comercio electrónico. Tampoco es el camino adecuado. Para empezar, el e-business forma parte de Internet, y por esa vía se pueden colar normas que afecten a sites de otro tipo. A eso hay que sumar que, como en el resto de la realidad de la Red, en lo comercial Internet no es muy diferente del mundo físico. Las tiendas digitales deben estar sujetas a la misma legislación que el resto, es suficiente con incluir en las leyes existentes puntos como la obligación de utilizar servidores seguros (algo que no contempla la ley) y poco más.
Ningún partido ha entendido todo esto. No hay ni un solo grupo político que rechace la necesidad de una LSSI, les preocupa lo que contiene no el hecho de que exista. Al margen de algunas asociaciones que dicen representar a quienes no les consideran sus portavoces, los sectores más activos y concienciados de la comunidad internauta han insistido en que no hace falta una ley de Internet y han explicado sus razones. Ningún miembro del poder legislativo parece haberles escuchado.
Los políticos no escuchan
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