El poder de la toga

Cuando en febrero del año pasado la Fiscalía Anticorrupción presentó la querella por la que ahora Gil está en prisión, le correspondió al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco realizar el oportuno registro en la sede del Club Financiero de Marbella. Quien presenció aquella diligencia cuenta que la comitiva judicial, al llegar a la sede de Gil, se encontró con unas oficinas en desuso, unos ordenadores de los años 80 y telarañas en la caja fuerte. Además, abandonaron Marbella con la sensación de que Jesús Gil seguiría gobernando durante mucho tiempo. Cuentan que hasta el policía que realizó funciones de conductor para el juez Ruiz Polanco confesó al magistrado, al despedirle, que votaba a Gil: “Mire usted, señor juez, yo he conocido Marbella antes de Gil y me quedo con la Marbella actual”, aseguraba el agente ante una estupefacta comisión judicial que se marchó de Marbella con la impresión de haber hecho el viaje para nada.

Después de muchos tumbos entre Málaga, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, aquella querella y las consiguientes diligencias recayeron finalmente en el compañero de Ruiz Polanco, el juez Juan del Olmo. Dos años después de iniciar las investigaciones a Jesús Gil por estos hechos, Del Olmo acordaba este martes la prisión incondicional incomunicada hasta el viernes. Para adoptar esa excepcional medida, es evidente que el motivo esgrimido por el juez no ha sido el del riesgo de fuga; el juzgado no teme que Gil se fugue, pero, por si acaso, el presidente del Atlético era conducido el martes por la Policía a la Audiencia Nacional, primer síntoma de que aquí algo chirría.

Para enviar a la cárcel a Gil, el juez parece que tampoco ha tenido en cuenta la alarma social provocada en la opinión pública por el presunto “saqueo” del Ayuntamiento de Marbella. La alarma social se siembra cuando se comprueba que una persona que ha estado en libertad durante dos años y que, por tanto, ha tenido la posibilidad de destruir pruebas, puede entrar y salir de la cárcel sin que se justifique suficientemente esa medida. Si eso le ocurre a un señor con medios económicos como para contratar a uno de los más prestigiosos penalistas, ¿qué ocurrirá en juzgados de pueblo, con delincuentes insolventes que no pueden pagar la minuta de un letrado y que no tienen detrás la lupa de los medios de comunicación?

Por ahora sabemos que el juez Del Olmo –del que destacan su prudencia y tesón– ha enviado a la cárcel a Gil porque el magistrado, en estos momentos, está ordenando diligencias muy importantes. Esas diligencias, según el juzgado, podrían no dar fruto si Gil estuviese en libertad. Nos reconfortará saber que esas pruebas existen y que, además, estaban al alcance de los imputados encarcelados desde el martes. Pensar lo contrario supondría imputar a un juez una actuación que podría encajar en una prevaricación, por mucho que sea Jesús Gil el detenido.

Hace años que la Fiscalía Anticorrupción persigue de forma obsesiva al presidente del Atlético. Por ahora, esa Fiscalía sólo puede presumir de haber conseguido la inhabilitación de una persona para la que pedía muchos años de cárcel. Ya es hora de probar, de una vez por todas, la responsabilidad penal de este presunto delincuente. Esperaremos al viernes.

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